Opinión

Multas privadas

AL MARGEN de la intención que exista en reforzar la seguridad vial, lo cierto es que no se ahorran pretextos recaudatorios. No solo en España. En Francia, sin ir más lejos, se utilizarán vehículos privados de empresas particulares con radares móviles incorporados, bajo la excusa de destinar los gendarmes que se dedicaban a ello a ocuparse de las amenazas yihadistas. O sea, se privatiza el servicio, y surgen los recelos legales en cuanto a su viabilidad. Por ejemplo, un particular carece, en principio, de la presunción de veracidad que reviste la actuación de los agentes de tráfico. Avalan, dan fe de lo que denuncian sin necesidad de demostrarlo. Ello conlleva que, en este caso, los denunciantes deberían o deberán probar la acusación, lo cual no siempre será posible por razones obvias. O sí lo será, porque quien hace la ley siempre deja un margen para la argucia. Y es sobre todo dar ideas. En España, dicen, no se ha pensado en ello, pero si lo hacen otros, existe el serio riesgo de que a alguien se le ocurra planearlo. Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, con lo cual el negocio sería dotado de nuevos tentáculos confiscatorios.

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