LOS JUECES, como cualquier funcionario público, están legitimados para participar en política mediante excedencia; así está legislado. Otra cosa es, en su caso, la controversia ética si tornan a impartir justicia. Es ahí donde radica el debate. Garzón, al no ver cumplidas sus expectativas, se ensañó con sus valedores, por mucho que le asistiese la razón. Más llamativo (y grave) es el caso de Luis Villares, magistrado en excedencia, no ex, y portavoz y líder de En Marea, por su apoyo a prácticas ilegales del independentismo catalán, prohibidas por el Constitucional, lo que equivale a respaldar episodios considerados delictivos por el alto tribunal, por mucho que apele a la libertad de opinión y manifestación, limitada en este caso por la Constitución. Otros políticos lo hacen, pero en el caso de un juez adquiere otra derivación, y sin duda la contradicción que supone su vuelta, si es que lo hace, a la magistratura. ¿Cómo podrá explicar y aplicar sus dictámenes legales tras haber vulnerado otros? No esperará que se borren de su currículum. Al margen de otras posibles responsabilidades, carecerá también de fuerza moral para exigir a los demás lo que él incumple.
