EL ESTADO ha desplegado su poderoso armamento basado en la defensa de la legalidad, los secretos del CNI y la vigilancia monetaria sobre el desvío de fondos al servicio del separatismo. Un referéndum no es viable ni tiene valor jurídico si la suma de un conjunto de factores para su celebración no cuenta con validez ni operatividad real para hacerlo posible. Además de urnas y colegios, debe haber miembros en las mesas de votación, infraestructura humana y material, recuento telemático, red informática, fluido eléctrico y otras necesidades que por ser tan básicas se olvidan a menudo. Si un juez ordena que no haya urnas, que se retiren si las hay, que la empresa encargada del soporte informático cumpla la ley, etc, jamás puede haber un referéndum. Puede haber, eso si, una patochada, una simulación política secesionista, un ejercicio de propaganda y desobediencia separatista. Pero nunca una consulta formal, seria y fiable, con validez judicial y representativa de todo el pueblo catalán. Nunca un referéndum legal.
