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La gobernanza educativa

CON LA intención de arrojar luz sobre el maltrecho sistema educativo español, acaba de presentarse un nuevo estudio sobre el mismo. En este caso se trata de un trabajo novedoso, pionero en España. El análisis se ha realizado bajo el auspicio de la Universidad Camilo José Cela, la dirección de Francisco López Rupérez -ex presidente del Consejo Escolar del Estado-, unido al trabajo de Isabel García García y Eva Expósito Casas. A la tarea se ha sumado la colaboración de veintiuna personas consideradas especialistas en el tema. "La calidad de la gobernanza del sistema educativo español. Un estudio empírico", se ha centrado en el análisis del nivel, de la capacidad mostrada por los responsables políticos de la enseñanza en los últimos años.

Los resultados del estudio resultan sumamente interesantes; o tal vez, reveladores aunque bien conocidos. El dato más destacado es la mediocridad mostrada por quienes han tenido la responsabilidad de la "gobernanza" educativa, entendida la misma por los autores como la "capacidad de los gobiernos para diseñar, formular e implementar políticas y ejercer sus funciones". Según la investigación, la notable medianía de los responsables políticos guarda correspondencia con el estancamiento de los resultados del sistema y el insuficiente rendimiento de los alumnos durante la última década, tomado el período en un sentido amplio de tiempo. El trabajo también incide en "la preocupante frecuencia con la que la selección de los altos cargos se ha producido por razones pseudopolíticas, sin que se cumplieran los requisitos imprescindibles de conocimiento y, en algunas ocasiones, de mérito y capacidad". Esta deficiente situación ha acontecido, y sigue sucediendo, tanto a nivel estatal como autonómico y sus efectos se han transmitido y transmiten en cascada a los niveles inferiores del sistema.

Ante semejante teatro de operaciones, no genera una sorpresa mayúscula que la nota media concedida por el estudio a los responsables de la dirección política de la enseñanza haya sido de 1,6 sobre un máximo de 4. Ahora bien, si la calificación otorgada la restringimos a los políticos integrantes del grupo de 21 expertos, la nota se dispara y aprueban con holgura.

El trabajo también contiene un apartado de recomendaciones, siempre a tener en cuenta, pero mucho más cuando los partidos políticos quieren hacer creer a los ciudadanos han abandonado la instrumentalización de la enseñanza con fines partidistas y apuestan por convertirla en cuestión de Estado. Los autores instan a los partidos políticos a elaborar “un código de conducta inviolable en cuanto a los procedimientos de designación de los altos cargos» y su aplicación sistemática exigiendo responsabilidades en caso de ignorancia u omisión. También abogan por la existencia de un modelo de "Gobierno en la sombra" que permita a los partidos políticos disponer de tiempo para madurar soluciones, propuestas y configurar equipos de gobierno responsables. La profesionalización de la "gobernanza" educativa es otra de las recomendaciones.

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