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La expulsión de los jesuitas de Pontevedra

ENMARCADO EN el más absoluto de los silencios tanto del mundo cultural como político pontevedrés, en la madrugada del pasado domingo al lunes, días 2 y 3 de abril, se cumplieron 250 años de la expulsión de los jesuitas de Pontevedra. Debido al secretismo de la actuación, en la villa del Lérez la medida fue precedida de un revuelo popular debido al inusual despliegue militar con más de 300 soldados pertenecientes al Regimiento de Navarra. Por no hallarse en Pontevedra el juez, la dirección del «asalto» -nunca mejor dicho- al colegio de los 14 jesuitas correspondió al teniente de juez don José Manuel Otero Pazos. El proceso había comenzado el 27 de febrero con la firma por Carlos III de la Pragmática Sanción.

Tanto el Padre Isla en su «Memorial» como González Zúñiga en su «Historia de Pontevedra» relatan la consternación causada por el extrañamiento de los jesuitas pontevedreses debido a la «Cesárea Operación». La documentación refrenda lo escrito por los dos autores. Quienes, de algún modo, pagaron las consecuencias fueron los maestros que les suplieron en la tarea docente. Las descalificaciones a su actuación por parte de los responsables del Concejo resultan inauditas. La documentación también recoge la añoranza existente en Pontevedra por los religiosos a comienzos del siglo XIX y los intentos realizados para lograr su retorno a Pontevedra a partir de 1815.

Sorprendente resulta la evolución mostrada por los estudios pontevedreses a partir de la expulsión. Unos estudios siempre dirigidos por el Concejo, aunque ese hecho no lo tuviese en cuenta alguna tesis doctoral sobre el tema. Así lo certifican los libros de actas municipales y los «libramientos» en ellos contenidos para el pago del responsable de la cátedra de gramática a partir del 4 de agosto de 1536, fecha de la primera constancia documental publicada hasta el presente. Una vez superado el vacío generado por la marcha de los jesuitas, espacio temporal donde se localizan las descalificaciones antes citadas, los estudios pontevedreses vivieron un momento de bonanza, cuando menos económico, con la incorporación de las Temporalidades -bienes incautados a los jesuitas-. Es entonces cuando aparecen hasta cuatro áreas de enseñanza municipal: cátedra de mayores y menores, escuela de leer y escribir y contar.

A un pontevedrés, maltratado en su época y en la actualidad, le corresponde el honor de haber sido uno de los mayores defensores del retorno de los jesuitas a España. La pugna mantenida con el Gobernador del Consejo de Castilla, el conde de la Cañada, desde su dirección del Ministerio de Gracia y Justicia afectó su precaria salud y le obligó a dimitir. Con la intención de devolvérselas si regresaban -así lo ordenaba en su testamento redactado en el lecho de muerte- adquirió de su peculio propiedades de los jesuitas como la granja de Poio o las salinas del Ulló. Con esos antecedentes, no resulta extraño que la considerada obra magna sobre el tema, el «Diario de la expulsión de los Jesuitas de España» (62 volúmenes) del Padre Manuel Luego contenga tan laudatorio recuerdo de don Pedro Acuña Malvar.

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