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Tres palabras

HAY SEMANAS que el índice de contaminación social es notablemente alto; el reparto de tonterías per cápita a cargo de los que manejan este circo que llamamos España (así, en general) es abundante y generoso; el anuncio de cuchilladas a nuestro dinero (al público, al que administran los políticos que presumen de buenos gestores) es amenazante, por más que las leyes amparen a los cuchilleros y empobrezcan un poco más al país con total impunidad y alevosía. Si tuviera que resumir los motivos de cabreo informativo de la semana y su efecto sobre mi probada hipotensión, lo diría con nombre de bolero, en tres palabras.

Autopistas.- Otra vez van a robarme y me voy a quedar con la misma cara de tonto de siempre. A mi y a unos millones de personas que quedarán con mi misma cara de tonto. Entre todos vamos a pagar a escote 5.500 millones que el Estado anuncia que va a dar a unos bancos y a unas empresas inmobiliarias por unas autopistas construidas entre la nada y la nada para beneficio de esos bancos y esas constructoras, que ya se embolsaron sus dineros y que ahora anuncian que por las autopistas no pasa nadie que pague el peaje, cosa que ya se sabía antes de construirlas. El sistema es muy viejo, las autopistas son empresas particulares, que montan un negocio consistente en cobrar por circular por ellas, con el beneplácito y las ayudas del Gobierno de turno. Si la cosa funciona se embolsan durante años una pasta gansa, si la cosa no funciona, se las venden al Estado y aquí no pasó nada. Así cualquiera hacer negocios: si sale bien, gano, si sale mal, también. Bueno, cualquiera, no, porque si usted tiene un pequeño negocio y la cosa va mal, no va a venir el Estado a comprarle su tienda, su quiosco o su taller mecánico. Las empresas adjudicatarias de esas autopistas fantasma (las hay por todo el territorio español, yo circulé por una vez por ignorancia y pude disfrutar del privilegio de ser el único coche en tres carriles para mi solo durante kilómetros) están formadas por aquellos bancos que una vez tuvimos que rescatar, más unas inmobiliarias que suelen adjudicarse las grandes obras del Estado. Las quiebras de esas autopistas y el pago del rescate estatal con nuestro dinero está avalado por leyes aprobadas con anterioridad, a mayor gloria de bancos y corporaciones. Como sucedió hace meses con el pago de 1.350 millones de indemnización a la empresa del Castor por el almacén de gas que provocaba terremotos. Todo legal con nuestro dinero. En este «¡a ver que se debe aquí!» ya sabemos quienes vamos a pagar; los beneficiados: los propietarios de las adjudicatarias y los que en su día se fotografiaron cortando la cinta a mayor gloria del país.

Jornada.- Es la última moda en los últimos diseños del Gobierno: la jornada laboral conciliadora. Lo anunció la ministra Báñez, y a continuación casi todos se apuntaron a la moda. Que los trabajos acaben a las seis de la tarde, todos nos vayamos a casa y juguemos con hijos y nietos. Una arcadia feliz. Que nadie cree. Para empezar eso funcionaría si la jornada fuera de ocho horas, los salarios fueran acordes con la dignidad humana, las costumbres fueran de rigurosidad sajona y calvinista, los empresarios prefirieran menos beneficios a más estabilidad laboral, los sindicatos no hubieran entregado el fuerte apache hace años y España estuviera en Finlandia. Pero, en un país que vive básicamente del sector servicios, las empresas mantienen un sistema de turnos continuados, los autónomos ignoran lo que es el horario laboral (a la fuerza) y disfrutamos de muchas horas de luz natural para hacer compras o tomarnos unas cañas, la cosa no va a funcionar. Eso podría funcionar en paises del norte de Europa, donde se respetan los horarios, los puestos de trabajo, y donde es de noche a las tres de la tarde. El anuncio de la ministra (respaldado por varios partidos que se apresuraron a decir que eso ya lo decían ellos antes) no debe ser considerado más que como una coña del club de la comedia, un monólogo que no va a ninguna parte. Saben (y sabemos) que el país se sostiene gracias a esos horarios alargados, esos sobresueldos pagados en negro que estiran horas extras no contabilizadas, esas chapuzas en horas libres, esas duplicidades de empleos. El horario conciliador, como mucho, lo podrán cumplir los parlamentarios, el resto se busca la vida como puede más allá de las horas. Aunque repitan una y otra vez la misma frase habitual, que ya es clásica en comparecencias parlamentarias: «Con ello contribuimos al crecimiento económico y a la creación de empleo». El crecimiento económico es únicamente sobre el papel y para la parte de arriba del pastel, la parte de abajo está quemada; la creación de empleo no merece ni comentario, simplemente eche una vista alrededor.

Rey.- El alboroto judicial montado contra los catalanistas por quemar una foto del rey tiene trazas de asunto valleinclanesco (Valle era muy dado a meterse con reyes y reinas) y berlanguiano (patrimonio nacional). No sé si la libertad de expresión alcanza a opinar con el simple gesto de quemar una foto. Acusarlos de injurias a la Corona me recuerda una multa de mediados del siglo pasado (cuya copia poseo) a un paisano por trabajar en domingo, denunciarlo el cura de la parroquia y cagarse en lo divino el paisano; la multa no tiene desperdicio: «25 pesetas por injurias al Creador». A mi los reyes no me gustan, dicho esto sin animo de ofender, es una disposición del ánimo. Su cargo como jefe de Estado, por el sistema de herencia, me parece fuera del tiempo. Su papel como, por ejemplo, mediador en la venta de armas (corbetas de guerra) al Estado Islámico (Arabia Saudí) me parece, cuando menos, de dudosa moralidad. Llevar a juicio a unos tipos por quemar su retrato me parece pérdida de tiempo. Si pago a escote para que viva como un rey en la Zarzuela, tengo derecho a opinar sobre el rey. Aunque sea con una foto y un mechero.

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