JOSÉ POSADA Herrera fue un jurista y destacado político decimonónico. Presidente del Consejo de Ministros, del Congreso de los Diputados y del Consejo de Estado; miembro del Consejo Real, embajador ante la Santa Sede... Conocido como El Gran Elector por ser el artífice de la sistematización del control por parte del Gobierno del resultado de las elecciones, en 1860 presentó a las Cortes un proyecto de ley para acabar con el minifundismo municipal. Hábil orador, en su intervención en defensa del mismo afirmó: "No es necesario una larga práctica administrativa para conocer los graves inconvenientes que ofrecen esas municipalidades microscópicas, como son muchas de las que hoy existen, y que más bien que agregaciones de carácter público pueden considerarse como familias dilatadas. Sin recursos para cubrir sus más perentorias atenciones; sometidas ciegamente a la influencia del vecino más rico o más astuto o menos ignorante, que la ejerce por lo común en provecho propio..." (Diario de las Sesiones de Cortes, 2-XI-1860). ¡Y han transcurrido más de 150 años!
Hasta la llegada de la crisis, en Europa existía una dualidad norte-sur en lo referido a las dimensiones y racionalidad de los ayuntamientos. Iniciado el proceso en Suecia en 1952, las décadas de los años sesenta y setenta fueron una época de grandes reformas municipales en el norte y centro de Europa. Bulgaria (88%), Suecia (87%), Dinamarca (80%), Bélgica (78%) y Reino Unido (76%) encabezaron la reducción del número de municipios. Durante ese mismo período, en el sur de Europa algunos países incrementaron el número de entidades locales. Como consecuencia de la crisis, Grecia se vio obligada a aplicar el Plan Calícrates. El mismo significó la desaparición de todos los municipios de menos de 10.000 habitantes, exceptuando la zona metropolitana de Atenas, donde el umbral se situó en los 25.000, o las zonas de montaña en las cuales el límite fue de 2.000 habitantes. Así pasó de 1.034 municipios a 355. En Italia, la reforma supuso la desaparición de casi 2.000 ayuntamientos y 36 provincias. España es prácticamente la única que nada contracorriente. A las últimas elecciones municipales concurrieron 95 ayuntamientos más que a las primeras democráticas de 1979.
Los proyectos para dotar de una dimensión mínima a los ayuntamientos han aparecido en nuestro país de forma intermitente desde el siglo XIX. La primera tentativa fue la Ley municipal de 1845, la cual fijó en 30 vecinos —unos 150 habitantes— la condición mínima para ser ayuntamiento. Hoy en día, un buen número de municipios españoles ni de lejos se acercan a esa exigua cifra. En Cantabria, hace unos años, Revilla denunciaba la existencia de cuatro ayuntamientos que juntos no alcanzaban los 100 habitantes. De los más de 8.000 municipios españoles, 1.220 no llegan a 100 personas. Nueve cuentan con 10 vecinos o menos. En el más pequeño, Illán de Vacas (Toledo), viven tres. Durante años el único empadronado fue el alcalde. Ante semejante despropósito y despilfarro, debemos felicitarnos por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ratificando la fusión de Oza de los Ríos y Cesuras.
