Opinión

El Gobierno administra pero no gobierna

LA VERDAD que expresa el título anterior se ve confirmada por la tendencia favorable que ofrece la crisis económica en contraste con la creciente gravedad de la crisis política e institucional. Esto nos permite afirmar que, peor que la crisis económica, es la crisis política.

Que el Gobierno se recree en las buenas cifras económicas, aunque no se reflejen claramente, por ahora, en la economía real, no le libera de su responsabilidad al asistir pasivamente a los ataques que se vienen produciendo, cada vez más frecuentes y extendidos, a la más alta jefatura del Estado y a sus instituciones, símbolos, banderas e interpretación del himno nacional.

La espada de Damocles del actual Gobierno es la pusilanimidad y falta de decisión de que hace gala, ante procesos de tanta gravedad como el desafío soberanista catalán y los ataques directos a la Constitución y al sistema democrático que se vienen produciendo por algunos movimientos sociales y, lo que es peor, por representantes políticos. Se trata de socavar el Estado social y democrático de Derecho y la monarquía parlamentaria que alumbró por consenso la Carta Magna de 1978, y todo ello se va logrando por la vía de los hechos, con toda suerte de coacciones, desobediencias civiles y judiciales y el fomento de viejas revanchas y enfrentamientos.

Como se ha dicho, «gobernar no es ceder» ni «cruzarse de brazos». En este punto, merece recordarse por su eficacia, oportunidad y acertada decisión de Gobierno, la militarización del servicio de controladores aéreos, acordada por el Gobierno socialista y su ministro José Blanco, para poner fin a una huelga salvaje que se hizo coincidir con las vacaciones de Semana Santa.

En aquella ocasión el Gobierno actuó con la eficacia y el acierto que le reconoció la ciudadanía y la refrendaron los Tribunales.

Si en los momentos actuales, se piensa que, ante el desprecio y ultraje que se están cometiendo contra las formas, modos, procedimientos, símbolos y representaciones institucionales basta lo que podríamos llamar ‘lirismo político y jurídico’ que tanto le gusta al Gobierno, dicha posición sería no solo cómplice sino suicida. Aristóteles sostiene que la virtud de la valentía consiste en el justo medio entre la temeridad y la cobardía. Pues bien, nuestro Gobierno demuestra carecer de la valentía necesaria para hacer cumplir las leyes, de cuyo enunciado verbal y teórico se vanagloria, con tanto énfasis como ineficacia.

Confiemos que los resultados que puedan producirse por esa falta de Gobierno no tengan la gravedad que presagian.

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