La ex primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra fue acusada hoy por la Fiscalía de negligencia en relación con un plan de subsidios al arroz, un cargo que podría acarrearle una pena de hasta diez años de cárcel.
Yingluck, que ha defendido su inocencia desde el comienzo del proceso, no acudió al Tribunal Supremo, donde los fiscales elevaron la acusación, sino que estuvo representada por sus abogados.
El fiscal Surasak Treerattanakul aseguró en una rueda de prensa tras presentar el escrito de acusación que "el equipo de la fiscalía va a trabajar con justicia, rapidez y prudencia en este caso". Según Surasak, Yingluck cometió un delito de negligencia al no supervisar y permitir casos corrupción en el programa del arroz, aunque admitió que ninguno ha sido juzgado y demostrado en un tribunal.
El fiscal aseguró que el escrito de acusación contiene pruebas de la presunta negligencia y que muchos casos de corrupción e irregularidades ya han sido investigados por la Comisión Anticorrupción. Por su parte, el letrado de la exmandataria, Norawit Laleng, dijo que si el Supremo acepta los cargos, la ex primera ministra está dispuesta a comparecer ante el tribunal para seguir con el proceso judicial, al tiempo que denunció que Yingluck "no está siendo tratada con justicia".
Un panel de nueve jueces del Tribunal Supremo anunciará el próximo 19 de marzo si admite las acusaciones de la Fiscalía, lo que podría dar lugar a un juicio que duraría entre seis meses y un año.
Yingluck, primera ministra entre 2011 y 2014, se ha declarado inocente de las acusaciones relacionadas con este plan de subvenciones que consistía en la compra de arroz a los agricultores por encima de los precios del mercado. El Gobierno de la exmandataria almacenó el arroz comprado esperando aumentar el precio, pero el resultado fue su devaluación en el mercado internacional y la perdida del liderazgo como primer exportador mundial.
Según la Comisión Anticorrupción de Tailandia, el plan causó unas pérdidas de 600.000 millones de baht (unos 18.400 millones de dólares o 16.100 millones de euros), fomentó la corrupción y causó daños a los agricultores por el retraso de los pagos. Además, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Panthep Klanarongran, sugirió esta semana al Ministerio de Economía que presente una demanda contra Yingluck y le exija una cantidad equivalente a las perdidas causadas por el plan de ayudas.
La exjefa del Ejecutivo fue forzada a dimitir en mayo pasado por el Tribunal Constitucional, que la acusó de abuso de poder y violar la Constitución en el traspaso de un alto funcionario, días antes de que el Ejército tomara el poder en un golpe de Estado incruento.
Hace un mes, la Asamblea Nacional, escogida a dedo por los militares, la inhabilitó durante cinco años en la actividad política tras acusarla de negligencia en el programa de subsidios del arroz.
Yingluck llegó al gobierno tras ganar con mayoría absoluta las elecciones de 2011 al frente de uno de los partidos creados por su hermano y ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, depuesto en el anterior golpe de 2006 y autoexiliado desde 2008 en Dubai, donde elude una condena de dos años por abuso de poder.
Las plataformas políticas ligadas a Thaksin han ganado todos los comicios desde 2001 debido al fuerte apoyo de la clase rural de Tailandia, y a pesar de la oposición de gran parte de la clase media y apoderada de la capital.
Según el analista político Kan Yuenyong, el proceso judicial es parte de una lucha de poder de las clases dirigentes tailandesas. "Respetar la ley no es el deseo real de la clase dirigente si no restaurar una revisión del orden político que pueda contener a su archirival (Thaksin) y mantener su propia hegemonía en la sociedad", afirmó a Efe Kan, experto de Siam Intelligence.
El Gobierno golpista prometió en un primer momento elecciones democráticas a finales de 2015, aunque algunos miembros del Ejecutivo han avisado que podrían retrasarse hasta el 2016. "La imputación fue un proceso vital del Parlamento para marcar con el estigma de la corrupción a Yingluck y a su anterior Gobierno. Los verdaderos golpistas son las élites, no el Ejército", apostilló Kan.
