Francia deja la potestad de cortar el acceso a Internet de los usuarios en manos de la Justicia. El nuevo proyecto de ley para combatir la piratería informática, Hadopi 2, elimina el aspecto más controvertido de la vieja norma, el de conferir a un organismo administrativo --la Hadopi-- la posibilidad de restringir el acceso a la red para la descarga de archivos protegidos por derechos de autor.

Según la información que publica este jueves el diario económico Les Echos, la ley prevé multas de entre 1.500 y 3.750 euros para el usuario que se baje contenidos protegidos por los derechos de autor. En caso que se considere que el pirata se lucra con las descargas, se enfrentaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel.

Segunda versión
El proyecto es la segunda versión de la ley, después de que el pasado 11 de junio el Consejo Constitucional considerara incompatible la presunción de inocencia con el sistema sancionador de la norma.

Hadopi contemplaba que, al tercer aviso por descargas ilegales, al usuario se le debía cortar el acceso a Internet. Ahora, el organismo solo podrá advertir con un correo electrónico al infractor y enviarle luego una carta certificada en caso de que reincida. Unicamente un juez podrá cortar la conexión a la Red de los usuarios: un mes en caso de bajarse contenidos para uso personal y un máximo de un año si el infractor está ganando dinero.

En caso de que se corte el acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden del juez. Para no llegar a esta situación, el abonado podrá instalar filtros para que la entrada a determinadas páginas requiera un código de acceso. Unos días antes del reestablecimiento, la Hadopi deberá avisar a la operadora para que elimine las pruebas del dossier del acusado y evitar que haya una lista negra de piratas.

El texto será debatido de nuevo el 8 de julio en el Senado. Los senadores del Partido Socialista han pedido al ministro de Cultura una moratoria del proyecto Hadopi 2 y la celebración de una consulta sobre la financiación de la cultura.