El entonces delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro Goyanes, aseguró en el año 2010 que el asesinato de las dos mujeres chinas ocurrido en Pontevedra unos meses antes se había esclarecido con el arresto de Hai Zhang y la identificación de Wen Bin Sun, señalando a ambos como culpables de los hechos antes del juicio. Años después y sin quitar razón al actual edil de Urbanismo del Concello de Pontevedra (existen argumentos para pensar que ambos estuvieron involucrados en los hechos, otra cosa son las pruebas), lo cierto es que ni uno, ni otro, pagarán por el último gran crimen (Sonia Iglesias aparte) cometido en la ciudad del Lérez.
El Estado deberá, eso sí, saldar cuentas con Hai Zhang, que permaneció en prisión preventiva durante cuatro años y medio merced a pruebas que para la Fiscalía y el Jurado Popular fueron suficientes, pero no así para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Zhang está ahora mismo en el CIE de Madrid a la espera de ser repatriado a su país en virtud de una orden dictada contra él por un juzgado de Murcia, donde había delinquido con anterioridad a estos hechos. Nadie dice que sea una mosquita muerta, pero tampoco que matase a Kung Zun, ni mucho menos a Guang Qu (en el caso de la primera la Audiencia ya le absolvió en virtud del veredicto del jurado, mientras que en lo que respecta a la muerte de la madame, por la que había sido condenado a 14 años de prisión, acaba de ser exonerado en el Alto Tribunal de Galicia).
