La Xunta mantiene en vilo a 190 vecinos sin recursos que piden una ayuda social

La Xunta de Galicia mantiene en vilo desde el año pasado a 190 pontevedreses sin recursos que han solicitado una ayuda social. Y la culpa de esta demora es fruto, según el Concello, del endurecimiento de los requisitos y del papeleo que deben cumplimentar los posibles beneficiarios de los subsidios.

La concejala de Benestar Social, Carmen Fouces, ha asegurado hoy que los funcionarios autonómicos están «desbordados» por culpa de los nuevos criterios que la Consellería de Traballo e Benestar emplea para decidir quién tiene derecho a percibir esta ayuda. La aplicación de la Lei de Inclusión Social obliga a que sean los propios demandantes quienes entregan la documentación necesaria para acceder a los subsidios. «Moitos deles non teñen as competencias necesarias para facelo», afirmó la edil. «Están obrigando a moita xente a vivir do aire», añadió.

La nueva situación ha obligado al Concello a asumir con fondos propios la atención de los casos más urgentes y a derivar a otros posibles perceptores al programa municipal Redeaxuda. «A xente seuge a petarnos na porta porque a desprotección por parte da Xunta é total», alertó Fouces, que instó al Gobierno gallego a modificar los criterios para evitar el excesivo papeleo.

De los 190 expedientes pendientes de aprobación, 113 corresponden a la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), un subsidio de unos 400 euros que perciben las personas en riesgo de exclusión social: 51 de 2013 y las 62 restantes del presente ejercicio.

Un total de 77 vecinos esperan la aprobación de las Axudas de Emerxencia Social (AES), una prestación de pago único cuyo objetivo es atender situaciones urgentes como, por ejemplo, el impago de la vivienda. Su cuantía oscila entre los 1.065 y los 7.455 euros. De las 218 peticiones que se tramitaron el año pasado, 33 todavía no han sido resueltas. «En 2014 reclamáronse 44 e todas elas están pendentes», apuntó la edil de Benestar Social, que aseguró que el Gobierno local ha aumentado sus inversiones sociales en un 80 por ciento para combatir el riesgo de pobreza.

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