El Ministerio de Sanidad y las consejeros autonómicos del ramo se reunirán el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para atar los últimos cabos del copago farmacéutico, que se aplicará el 1 de julio, y para sacar de la financiación pública algunos medicamentos para dolencias menores.

La reunión, que inusualmente se celebrará por la tarde y en coincidencia con el partido de fútbol de la selección española ante Portugal, cuenta con un extenso orden del día formado por treinta puntos y el debate de cinco importantes acuerdos.

Entre estos últimos, figura una propuesta de "procedimiento común" para el conjunto del Estado a la hora de reembolsar a los pensionistas aquellas cuantías que, al pagar el 10 % de cada fármaco, superen los topes mensuales fijados por el decreto de ahorro sanitario de entre 8 y 18 euros. Se presentará, además, una iniciativa para la normalización del formato de la tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Otro de los puntos destacados del día será un informe sobre la actualización del nomenclátor, del que se sacarán los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores, así como la retirada de aquellos para dolencias menores que ya se dispensan sin necesidad de prescripción médica.

UNIFICAR LOS SERVICIOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS
También se revisará el proyecto que establece la cartera de servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, con el objetivo de que haya un mismo catálogo para todos los españoles independientemente de donde residan.

Concretamente, las autoridades sanitarias debatirán el proyecto de real decreto por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de su financiación. Igualmente se hará, a través de una orden, con la prestación de productos dietéticos en la Sanidad pública.

El Consejo estudiará también otro proyecto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a los fondos públicos.

Entre otras iniciativas legislativas, figura un decreto por el que se modifica la normativa sobre productos sanitarios para diagnósticos in vitro; otro por el que se regulan los requisitos de prescripción de estupefacientes y otro sobre actividades de obtención, utilización clínica y coordinación de los órganos humanos destinados a trasplante.