PONTEVEDRA. En un nuevo ejemplo de sincronía institucional, la Deputación respalda la reivindicación del Concello capitalino de destinar la delegación de Hacienda, sita en la Praza de Ourense, al uso público. Tanto es así que incluso se está gestando un posible uso compartido de las instalaciones por parte de las administraciones local y provincial.
Según reveló ayer el concejal y diputado Cesáreo Mosquera, la institución provincial vería con buenos ojos el traslado al corazón del centro histórico de las oficinas del ORAL, que ocupan la primera planta del número 9 de la avenida de Marín. Incluso estaría interesada en ampliar el Museo haciendo uso de este edificio.
Por parte del Concello, la propuesta que se llegó a poner sobre la mesa apunta hacia el trasvase de varias oficinas distribuidas por la ciudad, como las de los servicios de Urbanismo asentados en Churruchaos. Algunas fuentes incluso plantean una mudanza definitiva de las dependencias municipales reubicadas en la calle Michelena, en un edificio cedido por la Xunta de Galicia. Sin embargo, el concejal ni confirma ni desmiente alguna de estas posibilidades.
Cesión gratuita. Concello y Deputación abogan, además, por una cesión gratuita o por una venta por un precio simbólico. No obstante, de momento no han podido hacer más avances y han quedado emplazados a ver qué responde el Ministerio de Hacienda a la carta enviada por el Gobierno local, una misiva en la que el alcalde urge a la Dirección General del Patrimonio el inicio de una ronda de negociaciones antes de vender la delegación al mejor postor.
Ambas administraciones también esperan celebrar una reunión con el secretario de Estado de Patrimonio en un plazo breve de tiempo, y no solo para saciar su curiosidad. Según aseguró ayer Mosquera, la incertidumbre que rodea el futuro del edificio tiene efectos colaterales, como la paralización de la reforma de las oficinas del ORAL, "que se frearon ata ver que pasa con isto".
Entretanto, el edificio sigue formando parte de un plan de enajenación de inmuebles estatales "para incrementar los ingresos públicos y optimizar la ocupación de espacios". El Gobierno central pretende sacar el máximo rédito al emblemático edificio, donde ya solo quedan unos 30 trabajadores adscritos a servicios internos. El resto opera en la sede construida en Campolongo.
Un hotel de lujo "non sería rendible"
Seis millones de euros. A ojo de buen cubero, esta es la cifra que calcula el edil Cesáreo Mosquera para rehabilitar el inmueble y transformarlo en un hotel de lujo, como sugirió en su día el PP y como ha reclamado su socio de Gobierno Antón Louro. Por ello, asegura que "non sería rendible".
Ya fue de la Deputación
Construido en 1767, el edificio ya fue cedido en una ocasión a la Deputación. Ocurrió tras la desamortización de Mendizábal, que también dio paso a su conversión en sede del Gobierno Civil y Parque de Bomberos.
