Más de tres millones de euros e importantes obras de mantenimiento. Aparte de otros derechos y deberes, esta es la factura que podría tener que pagar el Concello de Poio en el supuesto de que la negociación del deslinde con Pontevedra acabe con una victoria a su favor.
Si la frontera que lleva reclamando desde el año 1980 vence y los límites se mueven, la Administración poiense no solo llevaría a su campo la zona de Bomberos, el antiguo parque del Ejército, la sede de la Guardia Civil el solar de la cementera o parte de la avenida de Domingo Fontán. También el puente de As Correntes y los cerca de cuatro millones de euros que ha invertido Pontevedra en su construcción.
Así lo dejó ayer entrever el concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, aunque, oídas sus palabras, es un caso hipotético que se maneja en las cábalas más enrevesadas. El Concello confía en no llegar a este punto y solucionar el conflicto por la vía más pacífica. De hecho, el nacionalista insistió ayer en que no hay «ningún conflicto » latente entre Pontevedra y Poio, solamente «discrepancias» de carácter administrativo que vienen de muy lejos, de años atrás y de episodios escritos por corporaciones de distinto color político.
El propio concejal aseveró que, a día de hoy, el Concello de Pontevedra no sabe qué fronteras defender ni «que postura» adoptar, lo que hace entender que el deslinde actual, del año 1936, no es la única opción que está sobre la mesa.
