Una de las claves en el conflicto por el nuevo hospital de Monte Carrasco la ha dado el vicepresidente del Colegio Provincial de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago: ''Nadie pregunta quién paga las carreteras''. Es cierto. Ya se ha comentado aquí que un método muy utilizado para costear las infraestructuras viarias es la misma financiación público-privada que se quiere utilizar para acometer la construcción del hospital de Monte Carrasco. Pero lo que sí vale para construir una carretera no parece valer para construir un hospital. La misma hipoteca que aseguran que supondrá el nuevo edificio sanitario la constituyen varias autovías de la comunidad, pero de esas nadie se queja.

La manifestación del jueves en Pontevedra en defensa de la ampliación de Montecelo no es solo demagógica, sino también engañosa. La hemeroteca, además, es muy traicionera. En 2008 el entonces beligerante cuerpo de Bomberos de Pontevedra puso en marcha una campaña de recogida de firmas en la que se reclamaban más medios y personal. Guillerme Vázquez, concejal de Protección Cidadá en aquel momento, restó importancia a las más de 10.000 rúbricas que se presentaron, porque, según dijo, ''calquer colectivo que sae á rúa a pedir máis medios consegue esos apoios ou máis''. El símil vale para la manifestación del otro día. A cualquiera que le pregunten si quiere una sanidad pública, dirá que sí, pero eso no es lo que está en cuestión en este momento, porque la gestión del hospital de Monte Carrasco no será privada.

La situación es un poco esperpéntica si se analiza globalmente. En Cataluña, CiU ha puesto a funcionar las tijeras de los recortes a pleno rendimiento y eso está incluyendo la sanidad. Aquí, la movilización se enmarca en una protesta contra los recortes. Pero, ¿de qué recortes estamos hablando? Recorte es la supresión de la ambulancia nocturna de Marín y recorte es la eliminación de ayudas para servicios sociales relacionados con la dependencia, pero ¿es recortar construir un hospital nuevo? Porque luchar contra Monte Carrasco era precisamente el objetivo principal de la manifestación del jueves, lo que oscureció otras reivindicaciones legítimas. La movilización, por cierto, acogió la mitad de personas que la de abril de 2010.

Más allá de las cifras de asistencia, la gran pregunta que habría que hacerles a los participantes es: ¿Apoyarían ustedes la ampliación de Montecelo financiándola con el mismo sistema público-privado que se prevé en Monte Carrasco? El alcalde de Pontevedra ha dicho que tiene dudas sobre la viabilidad funcional de esa opción, pero no hay muchas más alternativas. Porque plantearse una ampliación de Montecelo con fondos públicos en estos momentos es no vivir en la realidad: si no hay dinero para una cosa tampoco lo hay para la otra.

La plataforma contra Monte Carrasco juega con fuego por una razón: aunque la Xunta de Feijóo lo niegue o eche la culpa al Gobierno central, las tijeras de recortes sociales están funcionando a pleno rendimiento y para comprobarlo basta con echar una ojeada a los titulares de la semana. Pese a sus retrasos, que los hay y son de varios meses, el proyecto de Monte Carrasco sigue su curso. En unas semanas se aprobará el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, un trámite más, pero la situación económica es la que es. Y si no se hace Monte Carrasco porque la Xunta lo ve como un proyecto del que deshacerse fácilmente debido a la contestación del Concello y varios colectivos, no tendremos nada. Ni hospital nuevo ni ampliación del actual. Nada. Porque el argumento del despilfarro que supondría dejar Montecelo para otros usos no se sostiene a no ser que nos consideremos los más sensatos y solidarios de Galicia: si Pontevedra rechaza el hospital de Monte Carrasco, el dinero no vendrá a la ciudad para financiar otros proyectos: se perderá. Y es la Xunta, encargada de planificar a nivel autonómico, la que ha decidido que tengamos ese hospital, de gestión pública y construcción público-privada. El Concello dice que no. A quien se le cuente esto, que queremos renunciar a nuevos servicios médicos para la ciudadanía, que salimos a la calle para impedirlo, no se lo cree.

La organización de la protesta se pasó un poco en sus cálculos. ¿25.000 personas?

Es normal que los convocantes de una manifestación tiren por lo alto a la hora de contabilizar a los adeptos, pero cifrar en 25.000 personas los asistentes a la protesta del jueves parece excesivo. Si hubiesen sido tantos, no se entendería que al día siguiente se hablase de un regusto agridulce y de un cierto hastío entre la población de Pontevedra y alrededores ante las reivindicaciones. Una estimación que rondase los 2.000, o incluso los 3.000 manifestantes, se habría ajustado más a la realidad.