Diario de Pontevedra

Galiciae

PONTEVEDRA

El Estado indemnizará al marido de Rocío


Etiquetas: indemnización, Rocío Piñeiro, marido, Federico Ventura

Víctor Méndez (Pontevedra).

El Estado abonará una indemnización de más de 100.000 euros a Federico Ventura Rábade, esposo de Rocío Piñeiro Oitavén y padre del pequeño Álvaro, fallecidos a causa del disparo de un demente en la iglesia de Santa María del Pinar, en Madrid, el jueves pasado. La Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos, que entró en vigor en España el 13 de diciembre de 1995, ampara casos como el de esta familia pontevedresa, en el que la acción de homicida, que se suicidó tras cometer el crimen, extingue sus responsabilidades civil y penal.

La cuantía de las ayudas, que en el caso de Federico se multiplican por dos (su esposa y su hijo perdieron la vida víctimas de un delito violento), asciende a 120 veces el salario mínimo interprofesional mensual vigente, como máximo. A partir de esa cifra, la ley fija ''coeficientes correctores'' en atención a la situación económica de la víctima y del beneficiario, del número de personas que dependieran económicamente de la víctima y del beneficiario y del grado de afectación o menoscabo que sufriera la víctima (en este caso, el máximo). En base a estas premisas, el viúdo de Rocío Piñeiro tiene derecho a percibir un máximo que supera los 150.000 euros (unos 77.000 por cada uno de sus dos allegados fallecidos), una cuantía que puede ser modificada en parte por el Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de establecer el importe final.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, explicó ayer a este periódico que, en vista de las circunstancias que envolvieron al crimen, la citada Ley es el único amparo que le queda a Federico.

''La muerte del autor de los hechos extingue su responsabilidad penal y civil por los hechos, pero los familiares de las víctimas sí están dentro de lo dispuesto en la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual''.

La citada norma, aprobada por el Gobierno de Felipe González hace 16 años, nació para poner freno al ''cierto abandono que ha padecido la víctima del delito desde que el sistema penal sustituyó la venganza privada por una intervención pública e institucional, ecuánime y desapasionada, para resolver los conflictos generados por la infracción de la ley penal''. La intervención del Estado está dirigida en estos casos a restaurar, en la medida de lo posible, la situación en la que se encontraba antes de padecer el delito, o al menos paliar sus efectos. ''En el caso de los delitos violentos, las víctimas sufren, además, las consecuencias de una alteración grave e imprevista de su vida habitual, evaluable en términos económicos'', dice la citada Ley.

En el artículo dos de este texto legal se citan los beneficiarios, que en este caso sería el viudo por partida doble. Primero, por ser el cónyuge de Rocío, fallecida el jueves, y segundo, por ser el padre de Álvaro, que dejó de respirar anteayer como consecuencia directa del mismo tiroteo.

Máxima gravedad

Esta Ley beneficia a las víctimas de hechos calificados como de ''máxima gravedad'', como el que afectó a esta familia pontevedresa. ''Se opta por acotar aquellos delitos violentos con resultado de máxima gravedad, cubriendo inicialmente los daños de carácter más grave, pero afianzando la convicción social de que esta función debe ser paulatinamente ejercida por el Estado'', dice la norma.

Los beneficiarios, eso sí, tienen que ser ciudadanos de la UE o, no siéndolo, han de residir habitualmente en España.

En cuanto al futuro inmediato de esta familia, fuentes muy cercanas a ellos han dejado claro que pretenden pasar las próximas semanas en la más estricta intimidad familiar, con el objetivo de superar de la mejor manera posible el trágico suceso.

La iglesia de Santa María del Pinar, escenario de los hechos, acogió ayer una misa dedicada al pequeño que falleció el lunes en el Hospital La Paz. Algunos feligreses declararon a la salida del santuario que aún estaban estupefactos ante lo que había sucedido, y respecto al destino final del bebé, opinaron que ''tal vez fuese lo mejor, en vista de cómo se desarrollaron los hechos''.

En Pontevedra, mientras, continúa la indiferencia institucional a nivel oficial cuando han pasado cinco días desde el tiroteo que acabó con la vida de Rocío Piñeiro Oitavén y, horas más tarde y pese al esfuerzo de los mejores médicos del país, también con la de su hijo, que nació tras una cesárea 'post mortem' que le realizó la doctora Ceferina Cuesta, del Samur de Madrid. Se espera que en unos días la familia organice algún acto fúnebre en la ciudad.


04/10/2011