La polémica de la semana en Pontevedra ha llevado el nombre de las peñas, cuyos integrantes más jovenes tienen de taurinos poco, muy poco o nada. Los excesos de las hordas de chavales borrachos en el casco histórico han soliviantado los ánimos de hosteleros y hoteleros y han abierto un debate en la sociedad y en la Corporación. ¿Se debe modificar la fiesta de peñas? ¿Se debe trasladar al botellódromo? ¿Se soluciona todo con una mayor presencia policial? Leyendo las declaraciones de la parte nacionalista del Concello, que, además de ostentar la Alcaldía, gestiona la concejalía de Festas, estamos hablando de un problema menor. Si se repasan las declaraciones de los socialistas, hay que actuar porque se han excedido algunos límites.

El bipartito debe unificar sus posturas, aunque tampoco se debe dramatizar sobre este punto, porque es probable que en un Gobierno del PP hubiese diferencias entre el concejal de Turismo, que debe defender los intereses del sector y la promoción de la ciudad, y el de Festas. Lo sorprendente es la incoherencia en algunos puntos. Es decir, el Concello asumió en su día que el botellón en la calle era un problema de convivencia y decidió su traslado al botellódromo, pero ahora ve los efectos colaterales de las peñas como algo normal.

Y es extraño, también, que la ordenanza antibotellón, que trataba de mejorar el bienestar de los vecinos de la zona vieja, se quedara a medias y no incidiese del mismo modo en el ruido de los pubs con las puertas abiertas o la permisividad a la hora de que los clientes saquen (saquemos) sus consumiciones al exterior, lo que, en la práctica, constituye un botellón, pero de pago.

Ahora la actualidad se coloca sobre 'peñas'. No se trata de ir del blanco al negro y trasladar una fiesta arraigada en la ciudad a las afueras, no al menos hasta que se vea si funcionan algunas alternativas y ajustes que permitan mitigar los problemas. Por ejemplo, una mayor presencia policial en la zona vieja que ya se ha puesto en marcha este fin de semana. Se trata de un punto imprescindible. A mayores, un paso fundamental sería, por ejemplo, la colocación de urinarios públicos, lo que evitaría escenas desagradables a plena luz del día.

Lo que parece claro es que 'peñas' no puede seguir igual que hasta ahora. Uno de sus problemas añadidos es que no se trata de una fiesta en la que puedan participar los turistas, a la que se puedan sumar. No es una verbena, no es un evento gastronómico, no es algo que apetezca ver. Para ellos es un incordio que no les permite disfrutar del lugar al que han decidido viajar. No es asumible que se trate de vender una imagen de calidad turística para la ciudad y que durante dos fines de semana fundamentales para Pontevedra y para la hostelería, en pleno mes de agosto, se ofrezca un espectáculo lamentable. Los jóvenes que participan en la fiesta deben ser conscientes de que existen unos límites y, en ese sentido, la Policía es imprescindible.

A los defensores de 'peñas' en su formato actual, les he oído la comparativa con Pamplona y los sanfermines, que, al fin y al cabo, no dejan de ser un botellón de proporciones bíblicas. No es lo mismo. Entre otras cuestiones, los sanfermines colocan a Pamplona en el mapa y la ciudad es conocida en todo el mundo por esa fiesta. Nadie de fuera de Galicia viene a Pontevedra por 'peñas'. Aquí se nos conoce por el marisco, el vino y las playas y si no protegemos todo eso, nos va a ir mal porque estaremos escogiendo un camino equivocado.

Una fiesta que debe sufrir ajustes para sobrevivir

Además de algunos ajustes que permitan a los turistas no salir horrorizados de Pontevedra, la fiesta de ‘peñas’ también debería implicar una reflexión por parte de los padres. ¿Es asumible ver a niños (niños, no adolescentes) totalmente borrachos? La permisividad de los padres pontevedreses, igual que la actitud de los peñistas, también debería tener un límite. 

El desmarque de Lores del sindicato de alcaldes del BNG

El poco poder que el bng conserva en Galicia se concentra en los ayuntamientos. Dieciocho de los veintinueve alcaldes del BNG han presentado un manifiesto en el que reclaman cambios dentro de la organización. Entre ellos no había ningún regidor de la UPG. Eso significa que la figura con más autoridad moral dentro de la formación nacionalista, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no respalda el escrito. Ni él ni los alcaldes del BNG que gobiernan en el entorno de la capital de la provincia, como es el caso de Bueu, Poio o Pontecesures.

Sobre el manifiesto Lores dijo: ''Os alcaldes son importantes, pero non máis que os portavoces da oposición dos concellos grandes e pequenos ou que os traballadores da organización ou que o señor que anda co megáfono. Todos somos militantes''. Y no es exactamente así. La autoridad moral de Lores viene derivada de su capacidad para gobernar Pontevedra durante cuatro mandatos consecutivos, de su respaldo social. Ese mismo respaldo social, aunque en menor grado, es del que pueden presumir los 18 alcaldes firmantes. Su forma de hacer las cosas es la que ha gustado a la sociedad, que los ha elegido y pueden dar alguna pauta de cómo debe hacer el BNG para recuperar el terreno perdido en el Parlamento.

Tampoco es cuestión de pensar que cuatro ideas mágicas van a solucionar los problemas del Bloque a nivel autonómico porque a uno siempre le ha gustado esa teoría política que dice que los comicios son una elección entre líderes. Guillerme Vázquez sigue sin cuajar y la opción con más peso que tiene el BNG para emprender la reconquista, la de Lores, sige siendo imposible de momento. 

¿Y si la sentencia de Silgar hubiese llegado antes?

El momento en que se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo sobre el edificio de Construcuatro en el paseo de Silgar ha librado a Telmo Martín de un resultado aún peor en las elecciones municipales del mes de mayo. Pese a que la multa de tres millones de euros es una propuesta de sanción que todavía debe ratificarse, este nuevo golpe a su imagen habría sido muy importante y a buen seguro que lo habría dejado más lejos de su asalto al puesto de Miguel Anxo Fernández Lores: los problemas del edificio ya eran conocidos, pero se habrían sumado en el tiempo a la multa de la Xunta por los sobreprecios cobrados por la empresa del exalcalde de Sanxenxo en el barrio vigués de Navia.

Martín es un hombre en retirada de la política local pero su futuro lejos del ayuntamiento aún está por trazar. Dicen que aquel al que le pica el gusanillo de la política ya no puede dejarla atrás, pero habrá que ver si la presencia del portavoz del PP en otras instituciones es asumida por el partido, toda vez que tanto el caso de Silgar como el de Navia aún no han llegado a su final y seguirán llenando titulares.