La exsecretaria de la antigua Cámara de Comercio de Pontevedra y el expresidente José Antonio Gómez Rivera han sido absueltos de los delitos de prevaricación y contra la administración de Justicia que les imputaba la Fiscalía a raíz del despido de tres trabajadores que habían denunciado ante la Justicia irregularidades en la gestión de la entidad.
Esta querella derivó, tiempo después, en la condena de Charo Lorenzo a un año de prisión y al pago de más de 1.600 euros de multa, después de reconocerse autora de delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. También fue inhabilitada durante un año y medio para ejercer cualquier cargo público.
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