La oleada de incendios no solo dejó al descubierto un manto de luto sobre las Rías Baixas. El fuego también dejó en evidencia que los dispositivos antiincendios pecan de importantes lagunas que hacen que muchas veces el hombre pierda el pulso contra el fuego.
El Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) contempla la participación de hasta 1.197 efectivos en la provincia de Pontevedra. El problema es que el 70% de la plantilla es temporal y que la mayor parte de los asalariados solo actúan durante los meses de calor, coincidiendo con la atención de los incendios y sin apenas margen para ejecutar tareas de prevención. Tan solo el 30% está en nómina el ejercicio completo. Concretamente, se trata de 100 funcionarios y 158 laborales fijos que ocupan distintos puestos de responsabilidad, como jefes de distrito y brigada, conductores, emisoristas o vigilantes.
PERSONAL DE LA XUNTA. El resto del dispositivo está formado por un amalgama de trabajadores de distintas categorías y entidades que tienen dos nexos comunes: la temporalidad y las críticas contra la improvisación que ha demostrado en este trágico episodio la contratista, la Xunta de Galicia. Todas las fuentes consultadas inciden en que los pronósticos del tiempo obligaban a ser "precavidos" y a "prorrogar los contratos" antes de dejarlos expirar (entre finales de septiembre y la semana pasada). Dentro de los efectivos temporales que gestiona la Administración autonómica se encuentran 116 fijos-discontinuos, que se van al paro tres meses al año, y otros 111 que comparten categoría (fijo-discontinuo), pero que únicamente trabajan un trimestre por ejercicio. Estos últimos finalizaron el contrato el 30 de septiembre, pero fueron llamados a reincorporarse el pasado jueves ante el cariz que estaban tomando los hechos y con la previsión de seguir en activo hasta finales de mes.
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Galicia (Atrifoga), que representa a los 436 operarios gallegos con esta categoría, incidió este lunes en la necesidad de ampliar los contratos hasta un mínimo de seis meses, sobre todo teniendo en cuenta la llegada del "cambio climático" y la imperiosa necesidad de impulsar medidas de prevención para que la foresta no sea pasto de las llamas.
La demanda fue acompañada de críticas a la gestión de estos últimos incendios. "No nos negamos a trabajar, pero se acordaron de nosotros cuando la situación se colapsó y cuando vieron que la gente que había en las listas no tenía experiencia. Nos llamaron de un día para otro y, seguramente, a causa de la situación de los servicios y los jefes de distrito, que estaban desbordados", señaló uno de los portavoces.
EMPRESAS PÚBLICAS. Otros 146 efectivos son contratados a través de empresas públicas, que son dos: Seaga, que depende directamente de la Consellería de Medio Rural, y Tragsa, vinculada al Ministerio de Agricultura. En ambos casos los empleos tienen una duración de tres meses y en ambos casos llamadas de urgencia de los responsables del servicio para prorrogar la actividad. Los trabajadores de Seaga ya habían desmantelado el equipamiento de la campaña, puesto que el último turno preveía terminar el jueves. Ese mismo día comenzaron los llamamientos para reforzar el dispositivo, lo que, en opinión de los afectados, deja ver la urgencia de ampliar la duración de los contratos. En el caso de Tragsa, los efectivos ya se encontraban disfrutando de los días de vacaciones que les corresponden por contrato, cuando fueron invitados a reincorporarse "de forma voluntaria" a sus puestos de trabajo. "Nosotros no tenemos derecho a elegir las vacaciones, siempre nos las dan al final, por eso estábamos fuera de servicio", explica uno de los empleados. La premura con la que se produjo la incorporación hizo que se "mezclaran las brigadas" sobre la marcha. Aparte, este personal denuncia que "no devuelven las horas extra", que la campaña empieza tarde, a mediados de julio, y que ésta "no es flexible", a pesar de que las condiciones meteorológicas alerten de que "hay peligro de incendio". Su sueldo base ronda 800 los euros.
356 efectivos actúan en el marco de las brigadas municipales, que crean y gestionan los propios concellos con fondos autonómicos para mantener a raya los incendios en la época estival. Otros 100 forman parte de los grupos de emergencia supramunicipales, mientras que los últimos 110 son bomberos de parques comarcales y municipales. Sobre esto último, el Consorcio Provincial de Bombeiros, que aglutina los parques de Bueu, Vilagarcía de Arousa, Ribadumia y Porriño, reiteró este lunes que ha decidido "aparcar" sus reclamaciones (de más personal y medios) para sumarse "en masa" a las tareas de extinción.
Los efectivos denuncian improvisación y demandan una campaña más flexible
Solo tres de cada diez agentes antiincendios están en nómina todo el año. Los trabajadores temporales fueron llamados 'in extremis', con los contratos ya expirados o en fase de vacaciones
