La CUP acusa a la Policía Nacional de "mafiosa" por el despliegue en su sede

La CUP ha denunciado este viernes ante la justicia a la Policía Nacional por el despliegue que efectuaron ante su sede el pasado 20 de septiembre, al considerar que su actuación fue "más propia de una organización mafiosa que de un organismo público", al acudir sin orden judicial.

En la denuncia, interpuesta ante el juzgado de guardia de Barcelona, el diputado de la CUP Benet Salellas, que es abogado, acusa a los responsables de la intervención policial frente a la sede de la CUP de los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías de la intimidad cometidos por funcionario público, así como de coacciones graves.

Según la denuncia, una docena de agentes de paisano de la Policía Nacional se personaron el pasado 20 de septiembre frente a su sede en Barcelona y requisaron material de propaganda relativa al referéndum del 1-O -que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional- a varios militantes que lo estaban cargando en un vehículo.

Los agentes, según la CUP, no entregaron ningún acta a las personas afectadas por la incautación de material.

En la denuncia, la formación anticapitalista sostiene que la Policía Nacional intentó acceder al interior de su sede, si bien los trabajadores y militantes les exigieron que les mostraran una orden judicial y, al no tenerla, los agentes permanecieron en la entrada del local.

Mientras los agentes aguardaban durante casi seis horas frente a la sede de la CUP, numerosos militantes se acercaron al lugar para mostrar su apoyo a la formación anticapitalista, lo que propició que también se desplazaran al lugar varios efectivos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

Según la CUP, la intervención policial supone un "ataque a la libertad política", por cuanto los agentes intentaron acceder a un local de una organización política.

"Es una actuación más propia de organización mafiosa que de un organismo público como es la policía en una sociedad democrática", remarca la denuncia, que solicita al juez que pida un informe a la Policía Nacional para identificar a los agentes que intervinieron en el dispositivo y la cadena de mando. 

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