La exsecretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Charo Lorenzo, regresó ayer al banquillo de los acusados, 15 meses después de reconocerse culpable de cohecho y de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por aceptar mordidas a cambio de adjudicar contratos de la entidad a su contacto en Brasil, Juan José María Lago, también juzgado entonces.
En esta ocasión, la exdirectiva está acusada, junto al expresidente Antonio Gómez Rivera, de haber promovido el despido de los tres trabajadores que destaparon ante la Justicia presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Un cuarto empleado que también denunció la mala gestión, no pudo ser despedido por ser delegado sindical.
Sin embargo, y a diferencia de su anterior paso por el Juzgado, Charo Lorenzo no reconoció esta vez los hechos. Tanto ella como su compañero de banquillo negaron tener responsabilidad directa en los despidos, sino que se la atribuyeron al pleno de la Cámara, tras un informe realizado por la consultora Deloitte por encargo del Consello de Cámaras Galegas. La acusada insistió en que no ejerció «ningún tipo de presión» en la resolución final.
No obstante, tanto el fiscal, Juan Carlos Aladro, como los trabajadores implicados matizaron que el estudio no ponía nombres a los recortes, sino que simplemente aconsejaba una reestructuración de personal de administración y la externalización de los servicios de comunicación y de asesoría jurídica.
NO ESTABA PRESENTE. Lorenzo añadió que «cuando se trataban temas de personal, me pedían que me fuese», para avalar que en las reuniones del comité ejecutivo y del pleno de diciembre de ese año 2012 en las que se acordaron los despidos no estaba presente, de modo que no pudo tener nada que ver con ellos.
En similares términos se pronunció Gómez Rivera, al afirmar que ni siquiera tenía constancia de las irregularidades denunciadas por los empleados desde el año 2007. Apuntó que «era el pleno de la Cámara el que tenía que tomar la decisión» y en su defensa argumentó que «el presidente no tenía atribuciones ejecutivas de ningún tipo, todo correspondía al pleno y/o al comité ejecutivo».
Todos estos alegatos de los acusados fueron rebatidos por uno de los despedidos, el ex vicesecretario general de la entidad, Augusto Aláez, quien en marzo de 2012 entró en el despacho de Charo Lorenzo, junto al delegado de personal, para echarle en cara las irregularidades de Brasil (por las que finalmente fue condenada), al tiempo que le recomendaba que dimitiese.
De Góme Rivera dijo que le citó para amenazarle que «si seguía así, podía perder el puesto de trabajo» y para recordarles a todos los trabajadores díscolos que cerraba filas en torno a Charo Lorenzo «porque era amiga suya y confiaba en ella».
Los dos acusados se enfrentan a una petición de un año y medio de prisión, el pago de una multa de 3.000 euros y ocho años de inhabilitación para los cargos que ambos ejercían (y de los que ya están apartados). El fiscal también solicita que ambos indemnicen con 3.000 euros a cada uno de los empleados despedidos, en concepto de daños morales.
