"Le dimos la máxima prioridad"

Fin a la impunidad al amparo de la red Tor

La Audiencia de Lugo acaba de hacer pública la condena a 33 años de cárcel a un pederasta que elaboraba material pedófilo utilizando a sus propias hijas y lo compartía mediante la Deep Web. El delincuente cayó tras un gran trabajo de los agentes de la Guardia Civil de Pontevedra, que detectaron sus movimientos en varios países
El condenado, accediendo a la Audiencia lucense
photo_camera El condenado, accediendo a la Audiencia lucense

Deep Web, Red Tor o Red Oscura son algunos de los nombres por los que se conoce a un gran espacio en Internet que, según los expertos, supone el 90% del mismo, que se halla lejos de los canales de los usuarios habituales y que se emplea, en muchos casos, para actuar al margen de la ley. Los más recientes informes de los distintos cuerpos policiales internacionales señalan a Tor (abreviatura de The Onion Router, que se traduce como el enrutamiento de la cebolla, en castellano) como un sistema tecnológico muy avanzado y que permite establecer comunicaciones en secreto entre personas que comparten actividades ilícitas, entre las que destaca el crimen organizado, con capacidad económica para emplear técnicas punteras. Sin embargo, esas capas de cebolla ya fueron utilizadas como disfraz por un vecino de A Mariña (al Norte de Lugo) para establecer canales de distribución internacional que él mismo producía sirviéndose de sus propias hijas, que contaban con cuatro años de edad. Cuando Interpol tuvo constancia de lo que sucedía a través de la colaboración internacional, los expertos de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, un equipo pionero en este clase de investigaciones, ya rastreaban las capas de cebolla tras las que se ocultaba el pederasta. Tras una diligente fase instructora, el autor del delito ya conoce su sentencia: 33 años de prisión y 15 más de destierro, lo que le mantendrá alejado de sus víctimas por una larga temporada.

El autor de los hechos, natural de A Coruña pero afincado en Foz, en la comarca de A Mariña, ya había sido condenado en 2003 por un delito de tenencia de pornografía infantil, habiendo alegado que el material que poseía estaba siendo recopilado para la elaboración de un libro (que tiempo más tarde saldría a la luz).

Agentes de Australia y de Nueva Zelanda aportaron información vital para dar con el paradero del gallego que ha sido condenado


El rastreo de la Subred (otro de los nombres por los que se conoce a Tor) llevó a los expertos del Instituto Armado de Pontevedra a varias personas que compartían material pedófilo, entre el que se encontraba el que elaboraba el ahora condenado. Los agentes tenían constancia de la implicación de individuos de varios países del mundo y, avanzando en las pesquisas, supieron que uno de ellos residía en España y, concretamente, en Galicia. "Nos centramos en lograr su localización para poder salvar a las víctimas, que en este caso eran sus propias hijas. Tras un arduo trabajo, lo conseguimos". Así relataba José Torres, responsable de la citada Brigada de Investigación Tecnológica de la Comandancia, la fase final del operativo que acabó con el pederasta en el centro penitenciario


LA CLAVE NEOZELANDESA. Uno de los elementos que fue objeto de un análisis más profundo durante el juicio celebrado en la Audiencia de Lugo tuvo que ver con las pruebas obtenidas a través de los servicios policiales de Nueva Zelanda. La defensa del ahora condenado intentó la anulación de la intervención de las comunicaciones entre el mariñano y un presunto pederasta de las antípodas. La Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Pontevedra investigaron hechos conexos durante algún tiempo, hasta que el asunto quedó en manos del Instituto Armado. El grupo Argos de la Policía de Queensland (Australia) colaboró con sus compañeros neozelandeses para la localización de un servidor oculto en la citada red Tor, conocido como '7axxn'. Los agentes del país oceánico dieron con el administrador del citado servidor y, a continuación, rastrearon las direcciones reales obtenidas de las conexiones realizadas por el investigado en aquel país con personas del resto del mundo sin salir de la Red Oscura. En ese momento establecieron contacto con la Comandancia pontevedresa, que obtuvo los datos personales del ahora condenado. Los agentes recibieron las fotografías con contenido de pornografía infantil a las que habían accedido, además de 'pantallazos' con la citada información. Ahí comenzó la fase final del operativo, que concluyó con la detención del pederasta.

LA SENTENCIA.. El dictamen emitido por el juez de Lugo alcanza una dimensión histórica ante la acumulación de los delitos de abuso y agresión sexual cometido sobre menores de trece años y el de distribución de pornografía infantil.

Sobre el primero de ellos, el magistrado apunta que la información recibida a través de Europol (fotos e identificación de la IP del acusado) "cobra especial relevancia", así como las manifestaciones de las dos víctimas, "sus verbalizaciones y sus comportamientos posteriores".

Para completar la carga probatoria, el juez alude a las exploraciones relacionadas por el equipo de Psicología del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). "Si un niño habla así es porque algo ha ocurrido. No tendrían capacidad para tales mentiras, saliéndose de su edad, los contenidos, así como sus comportamientos", relataron las doctoras, que añadieron que "no se observaron en ningún momento contradicciones". Resultaron igualmente creíbles para la sala las manifestaciones de la madre de las pequeñas corroborando los hechos.

En cuanto a las penas, el tribunal estimó adecuado imponer al procesado doce años de prisión por cada uno de los dos delitos continuados de abusos sexuales y agresiones cometidos sobre sus hijas, y nueve más por el de distribución de pornografía infantil.

Junto a ello, la Audiencia Provincial de Lugo le impone una orden de alejamiento en favor de las dos víctimas, de su otro hijo y de la madre de todos ellos, que se extenderá durante 15 años, en los que el penado no podrá acercarse a la localidad de residencia de los anteriores, que actualmente está en A Mariña.

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