El jefe de Delitos Económicos de la Fiscalía de Pontevedra recuerda la etapa en la que trabajó codo a codo con Luis Pazos, exdelegado de Hacienda en Galicia, para rastrear los bienes de los narcotraficantes de las Rías Baixas. Santaló expresa su preocupación al respecto. "Se ha dejado de trabajar en esa línea".
¿Cómo se fraguó la operación Suntuarias?
Esto comenzó con una comunicación entre el entonces delegado provincial de la Agencia Tributaria, Luis Pazos, y la Fiscalía, en mi persona. Tuvimos una reunión y hablamos, además de acerca de los delitos fiscales, de una serie de informes que ellos tenían acerca de grandísimos incrementos patrimoniales de algunas personas. Convenimos que los posibles delitos fiscales podrían haber prescrito, pero no así los de blanqueo de capitales. Seleccionamos una serie de carpetas, que eran muchas. Aduanas estaba investigando algunos, que fueron los que llevaron ellos. Iniciamos muchos de ellos y nos centramos en el caso de Sito Miñanco, en El Gorrión, Los Abalos, Los Gerardos, Barroso Millán y varias investigaciones más. Abrimos diligencias y, cuando estaban completas, empezamos a presentar las querellas en los juzgados.
"El asunto de Nené Barral fue complicadísimo. Ni Reino Unido ni China prestaron la más mínima colaboración"
¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que se encontraron a la hora de investigar?
El delito de blanqueo de capitales aún se está construyendo jurisprudencialmente. Ahora es más sencillo, pues los requisitos son menos exigentes de los que había entonces. En aquel momento solo se tenían en cuenta los casos procedentes del narcotráfico. Ahora se tiene en cuenta cualquier delito. Teníamos que tener un antecedente y una condena, mientras que en este momento, con que existan indicios de que esa persona se puede estar dedicando al tráfico de drogas es suficiente. Cuando contábamos con una condena anterior, como en el caso de Miñanco, lo tuvimos un poco más sencillo. En cuanto a la información patrimonial, la tenía bastante ordenada la Agencia Tributaria, en eso no teníamos dificultades. Otro de los contratiempos era que estos delitos se ejecutan a lo largo de un período de tiempo muy amplio, y nos encontrábamos con hechos en los que las adquisiciones que estábamos investigando fueron efectuadas años antes de las condenas. Con el paso de los años nos resultaba difícil establecer las conexiones. Ahora son delitos permanentes, pero acreditar hechos tan alejados en el tiempo era problemático. Crean estructuras ficticias, tienen amigos que utilizan como testaferros, más allá del parentesco... En el caso de Pelopincho, por ejemplo, fue fácil, pues muchas mujeres tenían hijos suyos (risas), pero normalmente no era así.
Un asunto muy difícil fue la investigación al exalcalde de Ribadumia, Nené Barral.
Eso fue complicadísimo. El dinero estaba en Islas Vírgenes, China y Hong-Kong. También había algo en Chile, pero eran unas inversiones pequeñas. El único país que colaboró fue Chile. Ni Reino Unido (con competencia sobre Islas Vírgenes) ni China. Teníamos la información que nos daba el confidente y con eso logramos acreditar unos hechos que fueron difíciles de llevar adelante.
Resta por enjuiciar el caso de Sito Miñanco, con más de un centenar de bienes embargados.
Sí. Ese asunto se lo pasé a Jesús (Calles) y ya está calificado. Es el único que sigue vivo.
"Luis Pazos decidió estudiar los incrementos patrimoniales injustificados. Tras su jubilación eso se olvidó"
¿Cómo se investigan estos asuntos en la actualidad?
Los fiscales de Delitos Económicos hemos dejado de intervenir. Ahora solo se actúa en Antidroga y en base a las incautaciones que se hacen, pero no a partir de los incrementos patrimoniales injustificados de las personas. La operación Cormorán (sobre la red del narco Pelopincho y su socio, el pontevedrés Franco Argibay) fue la última.
La Agencia Tributaria trabajó bien en aquel momento...
Así es. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Agencia Tributaria, con la que la colaboración ha sido excelente. Sonia, que está ahora, anteriormente con Ana Otero..., pero el que tuvo la iniciativa y la gran preocupación por esos incrementos patrimoniales injustificados fue Luis Pazos. Decidió salirse de los delitos fiscales y estudiar los patrimonios que, en virtud de los ingresos de aquellas personas, no tenían razón de ser. Fue una buena línea de trabajo y aunque entonces nos llevó a narcotraficantes también podría llevarnos a alcaldes u otras personas que consigan beneficios ilícitos. Eso se olvidó. Ahora se trabaja en base a las incautaciones de los alijos, pero aquello era distinto. Fue una línea de investigación que llevó Pazos junto a Ángel Gallástegui. Fueron observando los patrimonios y se vio quién estaba detrás. Fue una pena que se dejase de hacer. Era importante por su valor ejemplarizante, porque sabemos que hay personas con coches de gama alta, chalés con piscina y sueldos de 2.000 euros al año. Hubo fracasos, pero también hubo bastantes aciertos. En los pueblos se ve claramente el incremento patrimonial de las personas, y la gente piensa que nadie hace nada y se desmoraliza. No sé qué ocurrirá en el futuro. Pazos salió de Pontevedra y pasó a ser jefe de Hacienda en Galicia. Desde A Coruña seguimos trabajando en la misma línea, yo viajaba allí de forma habitual. Sin embargo, en cuanto se jubiló él se dejó de trabajar en aquella línea. Eran reuniones de política criminal que ya no existen.
¿Qué recetas ofrecería para luchar de forma contundente contra las personas que se dedican a blanquear dinero ilícito?
Creo que los organismos de la Administración con competencias en la investigación patrimonial, fundamentalmente la Agencia Tributaria pero también la Hacienda gallega, tienen que colaborar de forma directa, estrecha, personal y permanente con la Fiscalía, como hicimos Luis Pazos y yo en aquel momento. Habría que volver a empezar, ofreciéndonos ellos el enfoque patrimonial y nosotros el enfoque jurídico, siempre de la mano de los medios policiales a través de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Esa sería la única forma de combatir este problema. Por otra parte, se necesitan mucho más medios. Sería oportuno contar con juzgados especializados que centralicen los casos, con funcionarios y jueces expertos en la materia. La colaboración y la coordinación entre la Administración y la Fiscalía son esenciales.
