Unanimidad en la Diputación de Ourense para solicitar la declaración de zona catastrófica

Las heladas queman la uva y generan pérdidas de 72 millones de euros

Los caldos de Ribeiro y Ribeira Sacra, los más afectados ►La Xunta garantiza que habrá ayudas

Unións Agrarias (UU.AA.) cifra en 72 millones de euros los daños por la helada en viñedos de cuatro de las cinco denominaciones de origen gallegas, con la pérdida de 16,3 millones de uva que supone que no llegarán al mercado 21,7 millones de botellas de vino.

En concreto, Monterrei ha sido la denominación más afectada en relación a su producción, con una incidencia en el 95% de la cosecha y casi 800.000 euros en pérdidas de uva. A continuación se encuentra el 80% de las vides de la denominación de origen de Valdeorras afectadas y pérdidas de 2,9 millones de euros en uva.

Por su parte, en Ribeiro los daños afectan al 75% de los viñedos, con la mayor repercusión económica, de 7,2 millones de euros en pérdidas, mientras que en Ribeira Sacra alcanzan al 60% y se valoran en 3,1 millones de euros.

A estos daños hay que añadir los gastos derivados de recuperación de las vides mediante podas en verde y aplicación de cicatrizantes que ascenderán a 2,2 millones de euros, que de forma inmediata tendrán que desembolsar los productores para intentar salvar las explotaciones.

AYUDAS. Ante esta situación, Unións Agrarias reclama que las administraciones tomen medidas y proporcionen ayudas a los productores. Para ello, considera necesario que los ayuntamientos afectados inicien trámites para documentar una solicitud de zona de desastre natural con el fin de que se pongan en marcha mecanismos de compensación económica.

Al respecto, recuerda que hay precedentes de medidas excepcionales puestas en marcha por la Xunta como la partida de medio millón de euros para compensar a los viticultores de Sober, en Ribeira Sacra, afectados en agosto de 2016 por el pedrisco y que no tenían seguro.

Asimismo, demanda un catálogo de medidas para ayudar a aliviar esta problemática como la disminución de la carga tributaria de los agricultores afectados, la concesión de créditos preferentes para mantener la competitividad de la explotación, así como flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones de pago con la Seguridad Social.

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