La Xunta de Galicia inició, a través de la Secretaría Xeral de Igualdade, el expediente para la extinción -oficial- del CIM de Ponte Caldelas, después de que el 31 de marzo se cumpliesen los tres meses de inactividad del departamento de atención integral a las mujeres de este Concello.
El trámite no supone ningún cambio con respecto a la situación originada a finales de diciembre del año pasado, cuando el Gobierno local anunció que la abogada y la psicóloga que llevaban el centro dejarían de prestar servicios a la entidad municipal a consecuencia de un conflicto laboral y que se pasaría a un formato distinto de atención legal no integral para la mujer y destinado a todos los vecinos. El primer paso para que el cierre del CIM es que se cumplan los tres meses de inactividad. El siguiente, un plazo de audiencia concedido por la Administración autonómica para que el Concello presente las alegaciones oportunas. Este trámite se inició a principios de mes y está a punto de expirar.
El trámite no supone cambios respecto a la situación originada en diciembre, salvo la pérdida de la homologación oficial
La principal consecuencia del cierre del CIM es la falta en la prestación del servicio. En el caso de Ponte Caldelas, el Concello optó por contratar por su cuenta a una jurista especializada en derecho familiar y por sufragar el transporte hasta un gabinete psicológico a todas aquellas mujeres que demandasen la ayuda de un experto de este tipo. Esta sustitución, si bien puede paliar la ausencia del servicio, al no ser integral, no cumple con los requisitos oficiales para que la Administración autonómica considere que el Concello dispone de un Centro de Información á Muller. Uno de ellos es el número de horas de atención al público, puesto que la nueva asesora está en el Concello un día por semana, mientras que el formato autonómico exige abrir cinco días por semana.
La principal consecuencia de que se pierda la homologación oficial es la pérdida de la oportunidad para lograr financiación en el presente año, puesto que no disponer de CIM acreditado inhabilita al Concello para pedir fondos para su mantenimiento. Esto, en la práctica, obligaría a Ponte Caldelas a asumir con fondos propios la reapertura del servicio integral (en caso de querer hacerlo) y a mantenerlo en funcionamiento unos meses antes de poder concurrir la orden de ayudas.
El servicio contó con una subvención de más de 35.000 euros el año pasado.
