La Xunta expropiará terrenos para construir la senda peatonal y ciclista en la carretera PO-308

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes publica la relación de 57 fincas afectadas por la construcción de la senda peatonal y ciclista en la PO-308, entre Covelo y Raxó, en el muncipio pontevedrés de Poio. De este modo la Xunta acepta la propuesta del gobierno local de Poio de expropiar y descarta la cesión gratuita por parte de los propietarios.

"Vista la urgencia social se decidió iniciar ya el expediente expropiatorio" para conseguir los terrenos necesarios para acometer esta obra de mejora de seguridad vial al considerar el proyecto como "inaplazable", según ha confirmado en rueda de prensa el director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez.

El gobierno local de Poio -formado por BNG y PSOE- se había ofrecido a la Xunta para financiar las expropiaciones para así desbloquear las mejoras previstas en esta carretera en la que el pasado día 9 un ciclista falleció al ser arrollado por un vehículo cuando circulaba a la altura de Covelo.

Francisco Menéndez ha precisado que será la Xunta quien asuma los 56.303 euros que estiman costarán las expropiaciones. La financiación "está asegurada", según ha manifestado, por el programa de fondos europeos Feder del que este proyecto forma parte, en lo que se ha denominado como Plan de sendas de Galicia.

El presupuesto de esta obra es de 2,2 millones de euros para 4,4 kilómetros de senda desde la travesía de Samieira, justo antes de la intersección con el vial de acceso a la playa y el puerto de Covelo, y hasta el final de la travesía de Raxó, en el punto en el que empiezan las aceras de Dorrón.

Menéndez ha añadido que "tiempo" tendrán para que el Ayuntamiento de Poio pueda invertir en otras mejoras "estos 56.000 euros que le estamos ahorrando" y puso como ejemplo, que la instalación de nuevo alumbrado podría ser asumida por el gobierno municipal.

El plazo de presentación de alegaciones abarcará desde el próximo lunes, día 24, hasta el próximo 7 de junio. Además, el Consello de la Xunta tendrá que aprobar un Decreto de utilidad pública antes de ocupar los terrenos y proceder a la licitación de las obras.