María Isabel Carragal da Costa falleció el pasado lunes a los 46 años de edad en Vilagarcía de Arousa, ciudad a donde se había trasladado hace unos meses con sus dos hijos para ocupar un piso de protección oficial. Su villa natural es Marín, donde la noticia despertó consternación, incredulidad y rabia, mucha rabia. Desde hace cuatro años había dedicado dosis ingentes de energía y mucho esfuerzo a pelear contra dos contrincantes: un cáncer de mama difícil de dominar y una Administración que se negaba a reconocerle su incapacidad absoluta para regresar al mercado laboral.
Su viacrucis comenzó a mediados de 2013, cuando los médicos le descubrieron varios bultos en las mamas. El tratamiento le dejó sin los dos pechos, con secuelas limitantes y, más recientemente, con metástasis. En enero de 2015 dio el primer paso y solicitó la mencionada incapacidad ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Cinco meses más tarde, el órgano estatal le informó de que le concedía la incapacidad, pero en la modalidad de total, una declaración más leve que la absoluta y que es compatible con la actividad laboral. Aparte de no estar de acuerdo con el criterio del comité de valoración, Isabel renunció a esta prestación, valorada en 388 euros, por una mera cuestión de números. Por aquel entonces cobraba un subsidio cuantificado en 426 euros, una cantidad un 10% superior y que, para una madre que sustentaba a dos hijos, suponía una diferencia importante.
Durante los 16 meses que estuvo esperando por el juicio la enfermedad avanzó, provocando una metástasis doble
Con todo, Isabel no se detuvo ahí y decidió reclamar sus derechos por la vía judicial, demandando al Instituto Nacional de la Seguridad Social para conseguir la incapacidad absoluta, una categoría que exime al solicitante de trabajar y que en su caso rondaría los 688 euros (según la última valoración de su base de cotización).
JUZGADOS. El juicio fue fijado para noviembre de 2016 en el Juzgado de lo Social número 1 de Pontevedra, un año y cuatro meses más tarde de interponer la demanda. En ese tiempo de espera un TAC reveló que el cáncer se había expandido a otras zonas de su cuerpo, provocando una metástasis doble.
Isabel adjuntó el informe radiológico a la demanda. En cambio, el Juzgado de lo Social de Pontevedra sentenció en diciembre de 2016 que no tenía derecho a la incapacidad absoluta y que no tenía "anulada su capacidad laboral". El fallo fue un varapalo para la afectada, que dudó en tirar la toalla, pero que finalmente optó por seguir en su batalla recurriendo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Por desgracia, una vez más el pronunciamiento de la justicia llegará tarde y, a tenor de los hechos recientes, no será el único avatar que llegará a destiempo. El Defensor del Paciente trasladó su caso hace un mes a Fiscalía y el Valedor do Pobo se comprometió a ofrecerle su colaboración.
DESCONCIERTO. La enfermedad se aceleró en los últimos días. Hace apenas una semana Isabel participaba en un acto de la Asociación de Mulleres Intercambio Saber junto a la abogada Beatriz Figueroa y la diputada Olaia Fernández Davila, otras dos mujeres unidas por su lucha contra el cáncer. Este miércoles tenía prevista una actividad en la delegación de Pontevedra de la Asociación Contra el Cáncer.
En febrero concedió dos entrevistas a este periódico a causa del empeoramiento de su enfermedad y el empecinamiento de la Administración en no reconocerle su incapacidad para trabajar. Lo que más le dolía es que el Juzgado no tuviera en cuenta la metástasis, "la gota que faltaba para colmar el vaso de la decepción" que tenía con la Administración, la Justicia y la sanidad. "Ya no respetan los derechos básicos e insultan nuestra inteligencia. Es una irresponsabilidad que un magistrado ningunee los informes médicos para emitir una sentencia favorable a la Seguridad Social y es intolerable que tarden más de un año en pronunciarse. Ha dado tiempo a que la enfermedad empeore y no solo me perjudican a mí, sino que perjudican a mis hijos", manifestaba durante la entrevista.
Isabel trabajaba en una fábrica de congelados, pero la enfermedad la acabó apartando del mercado laboral. Desde que le diagnosticaron cáncer, se sometió a varias operaciones, pasó por innumerables sesiones de quimioterapia y radioterapia y perdió los dos pechos (mediante una mastectomía doble), junto a 17 ganglios linfáticos en la axila izquierda que le dejaron el brazo sin fuerza. Su cuerpo será incinerado este miércoles, tras la celebración de un funeral previsto a las 16.00 horas en el Templo Nuevo de Marín.
