El Gobierno creará dos órganos permanentes para hacer frente a la violencia machista que, entre otras funciones, revisarán los fondos asignados para ello a ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluarán las órdenes de protección y reforzarán las medidas dirigidas a los niños. Así lo han acordado los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido; la de Sanidad, Dolors Montserrat; el de Justicia, Rafael Catalá; y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que este jueves se han reunido tras los últimos datos de crímenes machistas, que sitúan el inicio de 2017 en el peor periodo desde hace una década, con 16 mujeres asesinadas.
Uno de los órganos, consistente en una mesa permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia machista, estará presidido por la delegada de Gobierno de la Violencia de Género, el director general de Evaluación y Coordinación Territorial de Educación y el director adjunto operativo (DAO) de Interior. El otro, que estará presidido por Montserrat, agrupará los cuatro ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las autonomías por turnos de dos y los portavoces de los grupos parlamentarios, y se encargará de aplicar legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia creada en el Congreso.
Los últimos asesinatos han reavivado la necesidad de un pacto de Estado que han vuelto a reclamar instituciones, partidos y organizaciones
Dicho órgano mantendrá reuniones trimestrales en las que se elaborará un informe sobre la situación de la violencia de género, que se elevará a Consejo de Ministros, según han informado los departamentos de Zoido y Montserrat en una nota de prensa.
Entre las misiones de estos nuevos órganos estarán además profundizar en la formación de todos los agentes implicados de los ámbitos sanitario, de la judicatura y de la fiscalía, mejorar la prevención en las redes sociales, sobre todo de los menores, y revisar y actualizar los protocolos de actuación interministeriales vigentes. También evaluar la eficacia de las órdenes de protección y reforzar la de los niños, fortalecer las campañas contra la violencia de género previstas para este año, impulsar las denuncias externas para favorecer una detección precoz, analizar el riesgo en coordinación con las unidades de la violencia de género de las subdelegaciones y repasar las asignaciones presupuestarias a todos los niveles de la Administración.
El Gobierno cree que hay que "intensificar los trabajos de la detección precoz, la concienciación social y la visualización de esta lacra" y ha aprovechado para reiterar que la lucha contra la violencia de género "es una cuestión de Estado y que toda la sociedad debe implicarse en romper el silencio".
El trabajo ya ha comenzado, hay 30 casos estudiados de diferentes comunidades autónomas y otros 28 en revisión
Con ese objetivo, la Policía Nacional y la Guardia Civil revisarán 200 casos de condenados por violencia machista, que incluye entrevistas a los agresores, con el objetivo de entender sus mentes criminales, fijar un patrón de conducta y, así, establecer mecanismos de prevención para potenciales ataques a mujeres. El trabajo ya ha comenzado, hay 30 casos estudiados de diferentes comunidades autónomas y otros 28 en revisión, según han detallado a Efe fuentes de Interior.
Una vez revisados los 200 casos, cuando se disponga de "material suficiente", se elaborará un informe y un "formulario de valoración policial de riesgo de feminicidio", que se incorporará al sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Para ello, se estudia todo el material policial, se contacta con el entorno de la víctima, se desplazan hasta el lugar de los hechos y se hacen entrevistas en profundidad, con carácter voluntario, con los asesinos en la cárcel.
Este trabajo lo desarrollan un grupo de expertos especializado y multidisciplinar, integrado por fiscalía, judicatura, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, universidades, colegios profesionales, Instituciones Penitenciarias y cuerpos policiales. Este proyecto, basado en experiencias de países donde los aplican desde hace 20 años, persigue una revisión pormenorizada de los homicidios machistas.
Los últimos asesinatos han reavivado la necesidad de un Pacto de Estado que han vuelto a reclamar instituciones, partidos y organizaciones.
