El acusado de construir un chalé ilegal en Lapamán defiende su inocencia

Acudió al juicio que se celebró en A Parda con documentos que, según su letrado, acreditan que el inmueble se levantó con la licencia municipal de Bueu y el permiso de Costas
El acusado (segundo por la izquierda) y su letrado mostrando los documentos que, según ellos, demuestran la legalidad de las obras
photo_camera El acusado (segundo por la izquierda) y su letrado mostrando los documentos que, según ellos, demuestran la legalidad de las obras

La vista oral tras la que se dirimirá la legalidad de una obra cuya primera licencia fue concedida en 1992 llegó este lunes, tras un largo proceso de instrucción, al Juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra. El plenario trató sobre los trámites previos a la construcción de una edificación levantada en el límite de los términos municipales de Marín y Bueu, junto a la playa de Lapamán. El juicio concluyó, tras un largo desfile de testigos, con dos posturas contrapuestas. El acusado, por una parte, mantuvo ante el juez que llevó a cabo todos los trámites necesarios para iniciar la obra. Para ello, acompañado por su letrado, Manuel Novas Caamaño, comenzó por mostrar los documentos que acreditan la licencia municipal que le concedió el concello de Bueu y los permisos del Servicio General de Costas.

El Ministerio Público, por el contrario, insistió en sus acusaciones por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por una parte, y otro de desobediencia, elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que pedía una condena de dos años de prisión, multas aparte. La cuantía de estas multas sí fue modificada ligeramente, a la baja, por el representante de la Fiscalía Provincial, siendo esa la única novedad tras el relato del acusado y de los mencionados testigos, entre los que destacó la presencia de los representantes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de varios policías locales.

CONFLICTO DE LINDES. El motivo que, según la defensa del procesado, provocó la actual acusación fue el conflicto existente entre los ayuntamientos de Marín y de Bueu en relación con los lindes en el lugar en el que se levantó el inmueble, muy cerca de la playa de Lapamán.

El encausado defiende que fue el concello de Bueu el que le concedió la licencia (que años más tarde, en 1997, le sería revocada). Sin embargo, los acuerdos posteriores determinaron que los terrenos sobre los que se edificó pertenecen al término municipal de Marín.

Fue la Xunta de Galicia la que dirimió el conflicto de competencias, llegando a la conclusión de que la licencia tendría que haber sido otorgada por el municipio marinense.

El acusado insistió antes del juicio en que su vivienda "no es una construcción ilegal, como tratan de exteriorizar, sino que tiene todas las licencias". Ahora será el juez el que decidirá.

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