El alcalde de Ponte Caldelas, en Pontevedra, el socialista Andrés Díaz, afirma que el "problema laboral" del centro de información a la mujer (CIM), que fue objeto de polémica esta semana en el pleno del Parlamento, es "fruto de la pésima gestión del anterior gobierno local del PP".
En concreto, a través de un comunicado de prensa emitido por alcaldía, el ayuntamiento se refiere al "litigio laboral" del CIM, y recuerda que "las dos profesionales –psicóloga y abogada– desempeñaban un contrato de servicios que fue objeto de numerosas prórrogas irregulares". "Todas ellas con los informes técnicos en contra, hasta totalizar una maraña administrativa que se prolongó durante 10 años", afirma el consistorio.
Al respecto, anuncia que la nueva abogada, especializada en violencia de género, se incorpora el próximo día 2 de enero, "garantizando así plenamente el servicio", y el Consistorio asumirá los desplazamientos cuando sea necesario. Además, compromete que, "una vez reestructurado adecuadamente el servicio en este año de transición, volverá a solicitar la subvención para el funcionamiento del CIM en 2018, ya con unos parámetros adecuados y poniendo fin a esta etapa de lamentables chapuzas en materia de contratación".
"CAÓTICO EXPEDIENTE". El "caótico expediente", según prosigue la nota, "revela que el contrato de servicios original fue prorrogado de año en año hasta que el anterior alcalde popular no tuvo más remedio que firmar un nuevo contrato el 30 de diciembre de 2014, con vigencia hasta este 31 de diciembre de 2016, fecha en la que se extingue la relación empresarial con el Ayuntamiento de Ponte Caldelas".
"Las dos trabajadoras reclaman ahora convertirse en personal laboral fijo municipal en base a los derechos adquiridos por la chapucera gestión del PP", continúa la nota remitida desde el Concello de Ponte Caldelas
ç"El actual equipo de gobierno se encontró además", continúa, "con una denuncia laboral presentada por las dos trabajadoras, que reclaman ahora convertirse en personal laboral fijo municipal en base a los derechos adquiridos por la chapucera gestión del PP".
El Ayuntamiento, gobernado por el PSdeG, AVP y BNG, ante esta denuncia judicial, asegura que decidió "no continuar con la cadena chapucera de prórrogas al entender que se está ante un claro fraude de ley de los anteriores responsables municipales".
Pero, además, el gobierno local defiende que el CIM "debe ser sostenible y por eso no debe funcionar con personal municipal que pueda acabar suponiendo una pesada carga salarial". Por ello, subraya que "no hubo ningún despido, sino la decisión responsable de no prorrogar un contrato de servicios". Andrés Díaz explica que "el gobierno local no está dispuesto a incrementar su cuadro de personal con dos incorporaciones como laborales fijos (equivalentes a funcionarios del grupo A1)".
Una gestión "responsable", añade, "debe partir del hecho de que las subvenciones no están garantizadas y, al igual que ya ha sucedido con muchas otras especialidades de los servicios sociales, pueden ser recortadas o eliminadas, por lo que las nóminas quedarían a cargo del ayuntamiento".
Por otra parte, el gobierno local de Ponte Caldelas proclama tener "muy claro" que "la puerta de entrada al Consistorio son las convocatorias públicas por oposición libre, tal y como va a hacer con la plaza de auxiliar administrativo vacante en el cuadro de personal".
