Veinticuatro horas después de que el comisario jefe provincial, Manuel Bouzas Canosa, pusiese sobre la mesa previsiones optimistas en cuanto al futuro inmediato de la Policía en Pontevedra, una decisión de la Dirección General ha obligado a alzar la voz a los sindicatos presentes en la provincia. El CNP tiene previsto desmantelar, con carácter inmediato, la sala del 091 de la Comisaría de Pontevedra (y no solo esta, sino también la de Marín y la de Vilagarcía), en aras de centralizar el servicio en las instalaciones de Vigo, con la excusa de que en la ciudad olívica dispone de sistemas más modernos. Sin embargo, la medida (cuya puesta en marcha está prevista para el día 17 del presente mes de octubre) no ha sentado bien entre los agentes de uno ni del otro lado del puente de Rande.
"Cada llamada que se efectúe al 091 va a conectar con Vigo. Ya se ha implantado en otros lugares de España y nosotros somos los siguientes", revela Sandra Fernández, secretaria provincial de Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La Unión Federal de Policía advierte de que "en este servicio, una llamada de un ciudadano atendida a tiempo puede ser vital"
"Pensamos que esto no es necesario en este momento. Hará perder la proximidad con el ciudadano, y eso es muy importante. En Pontevedra, en Vilagarcía y en Marín hay enclaves muy pequeños. Los agentes que trabajan en las centralitas han prestado servicio en las calles y conocen bien los lugares. Además, hay personas que llaman habitualmente a la sala por distintas circunstancias. Además, están las zonas del rural, en las que las personas hacen indicaciones que serán muy difíciles de entender para alguien que contesta desde Vigo".
DESINFORMACIÓN. Los sindicatos también se quejan de la falta de información, pues por el momento poco se sabe del funcionamiento del sistema. "Desde Vigo llamarán directamente a los coches, pero pienso que va a ser muy difícil implantar esto aquí al cien por cien", añadió Fernández.
Un segundo problema se generará, según el SUP, en la Comisaría de Vigo, donde no disponen de personal específico para atender al nuevo servicio. "Serán necesarias unas 15 o 20 personas que estén formadas, y no lo están. Además, dejarán de realizar otros cometidos que también necesitan agentes".
UFP. Otro sindicato que mostró su disconformidad con el cambio es la Unión Federal de Policía (UFP), que, desde su sede en Vigo, explica que "a poco más de una semana y media de su implantación no se sabe cómo se va a llevar adelante ni con qué medios cuenta. Es un verdadero ejemplo de chapuza, desorganización y falta de previsión por parte de la Dirección General de la Policía".
La UFP, que también incide en la falta de formación de los agentes para desarrollar el trabajo de sala que se les va a exigir, añade que "hemos solicitado que se tomen medidas inmediatas y, si como es previsible, se pone en marcha el servicio de esta manera no descartamos acudir a la Justicia para que se depuren las posibles responsabilidades" y subraya que se está "poniendo en funcionamiento un servicio en el que una llamada de un ciudadano puede ser vital".
