El expresidente de la Federación Gallega de la Construcción y dueño del grupo Indeza, Ángel Fernández Presas, se sentó este jueves en el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de un delito de estafa a Caixanova. Fernández Presa, que negó los hechos que se le atribuyen, se enfrenta a una condena de 18 meses de prisión y al pago de una indemnización de 1.890.166,12 euros, más los intereses legales, a la entidad Abanca.
La Fiscalía de Pontevedra considera que Fernández Presas engañó a la desaparecida entidad en la concesión de un crédito calificado como una operación de riesgo por valor de 1,1 millones de euros. Por el contrario, él se defendió en sede judicial argumentando que no devolvió el dinero porque no tuvo la oportunidad, pero que "desde el primer día" tuvo intención de hacerlo.
Según reconoció a la magistrada que preside la sala, Nélida Cid, todavía adeuda ese crédito y no lo abonará a corto plazo, porque no tiene "dinero tampoco en este momento para pagarlo".
La entidad bancaria le concedió el crédito condicionado a una indemnización pendiente de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia en relación con el justiprecio de la expropiación de una finca. El compromiso era devolver la cantidad prestada en el momento en que le abonasen el pago. Sin embargo, la fiscalía y la acusación particular -ejercida por la entidad bancaria- sostiene que cobró el dinero pero no saldó su deuda.
INDEMNIZACIÓN. Fernández Presa, que sólo quiso responder a las preguntas de la fiscal y de su abogado, explicó que suscribió el crédito en febrero de 2008 con fines profesionales. También admitió que cobró la indemnización pendiente, pero que en ese momento no la utilizó para devolver el crédito porque entendió que había que esperar a que la sentencia por la expropiación fuese definitiva.
Aseguró que había informado en todo momento a la persona que tenía de referencia en el banco, algo que Anova niega tajantemente. Y para demostrarlo aportó la documentación de la operación, en la que no consta ningún documento oficial en el que Presas hiciese constar la espera.
La acusación también sostiene que el dueño de Indeza intentó hacer frente a ese crédito incluyéndolo en otro sindicado que le concedieron y también vinculándolo a una operación relacionada con el aparcamiento de la Plaza de Abastos de Pontevedra, del que tenía la concesión. Sin embargo, en ninguno de los casos tuvo el respaldo del banco.
