Los pontevedreses que se enfrentan a un desahucio tendrán más tiempo para encontrar una solución a su problema. Los afectados, sobre los que pesa una orden de desahucio que debía cumplirse en diez días (un plazo que terminaba este jueves), han ganado tiempo al presentar alegaciones ante el juzgado.
Sin embargo, aunque sobre ellos ya no pese la presión de tener que encontrar un lugar en donde dormir el próximo jueves, madre e hijo todavía tienen pendiente una deuda de 1.250 euros por el impago del alquiler de su piso desde el mes de febrero y, en un plazo de tiempo más amplio, tendrán que dejar el piso.
La familia sigue sin poder hacer frente a la deuda de 1.250 euros por el impago del alquiler de su piso desde el mes de febrero
Todas estas gestiones las están realizando con la mediación de la asistenta social del Concello de Pontevedra, que ha ofrecido a la mujer, de 57 años, y a su hijo, de 38, una serie de opciones para solucionar su caso. También la Xunta de Galicia trabaja para tratar de ofrecer una solución a N. C y a R. C. (iniciales de los afectados, que prefieren no dar su nombre). La Consellería de Infraestruturas e Vivenda y la de Política Social se han coordinado con el Concello para atajar la situación. De este modo, la familia ya está tramitando ayudas al alquiler en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y ha solicitado una Renta de Inserción Social Galega (Risga), según informaron a este periódico los afectados.
Además, N. C. y R. C. acaban de recibir una ayuda de emergencia social de 400 euros para cubrir sus necesidades más básicas. Ninguno de los dos han encontrado trabajo, lo que implica que siguen sin ingresos más allá de las ayudas puntuales que puedan recibir de las instituciones. Para comer y vestirse acuden a entidades benéficas como Cruz Vermella.
"Hemos enviado muchos currículums a empresas de todo tipo pero no tenemos respuesta, una vez solucionemos todo esto queremos trabajar para poder pagar un nuevo piso", cuenta la madre. Y es que ambos están buscando ya un lugar para vivir después de que el desahucio se haga efectivo. "Ya estamos más tranquilos porque vemos que, tanto en el Concello como en Vivenda, nos están ayudando y esperamos encontrar una solución, ahora ya no me veo en la calle como ocurría hace unos días", explica aliviada la afectada.
Madre e hijo llevan en paro desde 2008 y, aunque han tenido algún contrato temporal en este tiempo, no tienen ingresos fijos
PAH. Durante todo este proceso, la familia está siendo acompañada por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Ellos nos acompañan a Vivenda para hacer los trámites de las ayudas y nos están asesorando muy bien, la próxima semana volveremos a la asamblea semanal para continuar colaborando", cuentan. La asociación que ayuda a personas que se enfrentan a un desahucio se reúne todos los sábados a las 17.30 horas en la Casa Azul de Pontevedra, en donde los afectados relatan sus problemas y tratan de buscar una solución a través de la experiencia y el asesoramiento de los miembros de la plataforma. Aunque al principio los desahucios venían motivados por la incapacidad de hacer frente a créditos hipotecarios, ahora esta realidad afecta más a personas que viven en régimen de alquiler y no pueden hacerse cargo de las mensualidades que marca el contrato, como el caso de N. C. y R. C.
LA HISTORIA. Diario de Pontevedra dio a conocer la historia de N. C. y R. C. la semana pasada. En un reportaje, la familia lanzaba un SOS ante el inminente desahucio al que se enfrentaban. Llevan desde febrero sin pagar el alquiler, cuando se le acabaron los ahorros y no pudieron asumir las facturas. En 2008 se quedaron en el paro y desde entonces no han tenido otro trabajo estable, solo pequeños contratos que les sirven para salir adelante como pueden, siempre con la ayuda de las entidades sociales.
Cuando recibieron la orden de desahucio, el lunes 19 de septiembre, acudieron a una entidad benéfica que les ayuda periódicamente y a los servicios sociales. Sin embargo, no tenían cita para ver a la asistenta social hasta el 18 de octubre, más de dos semanas después de que finalizase el plazo para abandonar el piso, tal y como indicaba la orden de desahucio. A raíz de la noticia publicada en este periódico, las administraciones se interesaron por el caso. Los servicios sociales del Concello adelantaron la cita para la misma semana y tanto la Consellería de Política Social como la de Vivenda solicitaron información sobre el caso para ayudar a la familia.
Ahora, los afectados tramitan algunas opciones para solucionar la situación con la ayuda de las Administraciones y siguen buscando trabajo.
