La normativa vigente impide al Ministerio de Exteriores costear la repatriación de cadáveres de españoles o su traslado a un tercer país, aunque permite conceder ayudas para pagar la inhumación o incineración de los restos de un español fallecido cuando ninguna otra persona pueda afrontarlos. Así está contemplado en una orden de 2002, que impediría al departamento que dirige en funciones José Manuel García-Margallo sufragar la vuelta a casa del cadáver de Ana Huete, la única víctima española en el terremoto de Italia.
En la plataforma cívica Change.org, familiares de Huete han iniciado una campaña para recoger firmas instando al Gobierno a que asuma el coste de repatriar el cadáver de la joven. Sin embargo, la citada orden deja claro que "en ningún caso se autorizarán ayudas para el traslado del cadáver a España o a un tercer país".
La normativa sí permite en circunstancias excepcionales sufragar la evacuación de españoles en el extranjero cuando su situación de seguridad así lo aconseje, ya sea porque se hayan visto afectados por un conflicto civil o militar, o una catástrofe natural. Pero en este caso la orden se refiere a evacuaciones de ciudadanos en vida precisamente para protegerles, no a repatriaciones de restos mortales.
Ante el fallecimiento de un nacional español en el extranjero, las Embajadas y Consulados de España ofrecen a los familiares y allegados el apoyo y la asistencia consular que puedan precisar. "Consciente de lo complejo y costoso que resulta realizar este tipo de trámites", Exteriores siempre recomienda a los españoles que viajan al extranjero suscribir previamente un seguro de viaje que cubra este tipo de contingencias.
La familia de Ana Huete, la víctima española del sismo de Italia, pide al Gobierno que pague su repatriación
Una orden ministerial impide a Exteriores sufragar el traslado de restos mortales desde el extranjero
