El Consejo de Estado galo levanta un veto al burkini y sienta jurisprudencia

La decisión sienta jurisprudencia y podría afectar a la treintena de ayuntamientos con decretos similares
Policías obligan a quitarse el burkini a una mujer en Niza
photo_camera Policías obligan a quitarse el burkini a una mujer en Niza

El Consejo de Estado de Francia, la máxima instancia judicial del país, suspendió este viernes el veto al burkini en la localidad francesa de Villeneuve Loubet, una decisión que sienta jurisprudencia y podría afectar a la treintena de municipios con decretos similares. El organismo ha respondido así al recurso presentado por la Liga de los Derechos Humanos contra la normativa municipal que prohibía el uso de esta prenda de baño por considerar que alteraba el orden público y que había sido validada previamente por un tribunal administrativo de Niza. 

En un comunicado, el Consejo de Estado ha afirmado que aunque el alcalde tiene como labor conciliar la seguridad con el respeto de las libertades de los habitantes, en el caso de la localidad "no hay elementos que permitan deducir riesgos del orden público como resultado de la ropa de baño de ciertas personas". "En ausencia de tales riesgos, el alcalde no podía adoptar una medida prohibiendo el acceso a la playa y al baño", ha añadido el Consejo de Estado, suspendiendo con ello la prohibición municipal, que no mencionaba explícitamente el conocido como burkini.

En respuesta a la decisión del Consejo de Estado, el director para Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen, ha celebrado "la revocación de una prohibición discriminatoria que se ha alimentado del prejuicio y de la intolerancia". "La decisión", añade, "marca una importante línea en la arena".

Ahora, "las autoridades francesas deben olvidarse de cualquier pretensión de que estas medidas están destinadas a proteger los derechos de las mujeres" y reconocer que "se trata de medidas de discriminación, que restringen la expresión de la mujer, y asaltan a sus libertades de expresión y religión". "Estas prohibiciones", remacha Amnistía, "no solo no incrementan la seguridad pública, sino que contribuyen y mucho a promover la humillación ante la gente a través de los abusos y el tratamiento degradante de las mujeres musulmanas que conllevaba su imposición por parte de las autoridades".

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