Todo listo para juzgar el doble crimen de Moraña

Sobre las 11 de la mañana del 31 de julio de 2015, el reloj se paró en Moraña. David Oubel, vecino del lugar de Casal, había segado la vida de Amaia y Candela, sus dos hijas, protagonizando el crimen más atroz que se recuerda no solo en Pontevedra, sino en toda Galicia. Un año después, la Audiencia Provincial ya tiene en su poder todas las diligencias de investigación llevadas a cabo hasta el momento al tiempo que la Fiscalía da los últimos retoques a un escrito de acusación que no diferirá en nada de lo que ya adelantó este periódico meses atrás: solicitará la pena de prisión permanente revisable para el filicida de Moraña.

El Pazo de Xustiza de Rosalía de Castro acogerá en los próximos meses (no se descarta que antes de que concluya 2016) la vista oral que, bajo la Ley del Jurado, servirá para dar carpetazo a un suceso que conmocionó a los habitantes de toda la provincia y que, por algún motivo que nadie acierta a comprender, se convirtió en el primero de una espiral de asesinatos que se saldó con otras dos muertes violentas en la comarca de Pontevedra y media docena de ellas en su área de influencia en los meses siguientes a los hechos.

Las investigaciones policiales coordinadas por la Guardia Civil determinaron que el acusado acabó con la vida de sus dos hijas, de cuatro y nueve años, empleando una sierra radial como arma. "Aquello era dantesco. Lo más horrible que he visto en mi vida". Esas fueron las palabras de uno de los agentes que acudieron al lugar del crimen en las horas siguientes a lo sucedido, antes incluso de la llegada de las autoridades judiciales competentes.

En cuanto a la calificación jurídica del delito, la Fiscalía Provincial procesará a David Oubel Renedo por un delito de doble asesinato agravado por el grado directo de parentesco, siguiendo lo previsto en el artículo 140 del Código Penal que había sido reformado pocas fechas antes del crimen. El filicida de Moraña se enfrenta a una posible condena a prisión permanente revisable. Su caso sentará un precedente, pues será el primero en España en el que el Ministerio Público se verá obligado a solicitar la pena más severa desde la llegada de la democracia.

SIN MODIFICACIONES. Uno de los aspectos que propició al fiscal del caso, Alejandro Pazos, a pedir varias pruebas forenses tenía que ver con la posibilidad de que el procesado fuese inimputable por padecer una enfermedad mental que así lo aconsejase. Sin embargo, esta opción quedó descartada, según confirmó el propio Ministerio Público de Pontevedra.

La prisión permanente revisable solo está prevista en casos de extrema gravedad, que incluyen el homicidio del jefe del Estado, el príncipe heredero o jefes de Estado extranjeros, el genocidio, los crímenes contra la humanidad o, como es el caso, los asesinatos especialmente graves, como lo que tienen por víctimas a menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.

La Ley contempla el cumplimiento íntegro de la pena original (entre 30 y 35 años de cárcel) y su posterior revisión cada dos años.