Condenan a cinco años de cárcel al exjefe de Aduanas en Pontevedra

Seis penas de ocho meses de prisión por media docena de delitos contra la Hacienda Pública y una más de un año por falsedad documental (que suman cinco años de cárcel) es la condena que deberá afrontar José Carrón González, exjefe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la provincia de Pontevedra. Carrón participó en un entramado criminal urdido en su mayor parte por dos empresarios dezanos (también condenados) y que tenía como principal objetivo obtener importantes beneficios económicos eludiendo el pago de los impuestos especiales que gravan los hidrocarburos.

El juicio, celebrado en interminables sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, también sirvió para condenar a los otros tres individuos que compartieron banquillo con Carrón: el también exfuncionario de Aduanas José Antonio Corcoba (con idéntica pena a la que se le impuso al que entonces era su jefe) y los citados empresarios dezanos, los hermanos Castro, que deberán asumir la mayor pena del proceso judicial: seis años de cárcel por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública.

Otros 19 encausados en el asunto que ahora finaliza aceptaron los acuerdos que les propuso el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Aladro, que incluyeron el pago de multas y penas de cárcel que no acarreaban el ingreso en prisión.

Los hechos que se juzgaron se desarrollaron en la segunda mitad de los años 90, por lo que el fiscal se vio obligado a aceptar las dilaciones indebidas como circunstancia atenuante muy cualificada (en un principio pedía penas de cuatro años por cada delito para los ahora condenados). El juez también rechazó el argumento de la prescripción que plantearon las defensas, así como las diversas peticiones de nulidad de las actuaciones.

La trama se entretejió a partir de las sociedades Acibro, y Depogal (propiedad de los citados hermanos Castro y con sede en O Deza), que «funcionaban como una única, sirviendo la segunda como soporte de cuadre contable para las operaciones realizadas por la primera y para la generación de una bolsa de carburantes sin sujeción a las cargas impositivas mediante la aparente circulación del gasóleo», señala el fiscal.

Carrón y Corcoba avisaban a otros procesados de las fechas en las que se iban a realizar las inspecciones e incluso sustituían los precintos para permitir su uso fraudulento, señala Aladro.