En el primer trimestre de 2016 se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, una práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a mujeres, pero que genera controversia entre expertos debido a la contundencia e irreversibilidad de la medida.
La esterilización está despenalizada en Españal cuando la persona "adolezca de grave deficiencia psíquica" y la práctica "haya sido autorizada por el juez". En 2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no precisa si se resolvieron favorablemente o no. Fueron seis procesos menos que en 2014 y nueve menos que en 2013; una tendencia a la baja que queda por ver si este año se mantiene.
"Se les esteriliza porque no encajan en ese modelo de madre que dicta la tradición, que es estrecho y limitado", dice una experta
Sin embargo, la esterilización es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad —ratificada por España en 2008— que habla de que "las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás". "La inmensa mayoría de familias se mueven por ese pensamiento establecido de que se hace para proteger", explica la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, "pero en última instancia es una intervención invasiva e inadmisible en el cuerpo de estas personas".
"Se las esteriliza porque no encajan en ese modelo de madre que dicta la tradición, que es muy estrecho y limitado", opina. La esterilización va ligada a la concepción de que las personas con discapacidad no son activas sexualmente, y de este modo se evitan embarazos de personas que, dice esta licenciada en Derecho, "no son funcionales para la sociedad". Son las propias familias las que inician los procedimientos, primero de incapacitación legal y luego de esterilización.
Para incapacitar legalmente a una persona —o "modificar su capacidad de obrar", que es el término legal utilizado— hace falta que la familia o los tutores demanden a la persona, lo que resulta "desagradable", según lo describe la asesora jurídica de la asociación de discapacidad intelectual Plena Inclusión, Inés de Araoz.
