El servicio de salud público gallego Sergas ha sido condenado a indemnizar con 60.000 euros a una paciente que fue sometida a una cirugía del túnel carpiano en el hospital del Salnés que la dejó incapacitada, informó hoy la asociación Defensor del Paciente.
Una sentencia de un juzgado de Santiago de Santiago de Compostela condena al Sergas por "daño desproporcionado" a la paciente, una mariscadora del municipio pontevedrés de Meaño.
La paciente acudió en 2006 a su médico de cabecera al sufrir parestesias y dolor en ambas manos, que le recetó medicación, pero al comprobar que no cedía el dolor, la remitió al especialista de traumatología del hospital do Salnés, que le puso tratamiento conservador.
El especialista en traumatología comprobó que el dolor continuaba y, aprovechando que la paciente, de 43 años, tenía que hacerse otra cirugía en esa mano, le practicó la cirugía del túnel carpiano porque detectó un "ligero" atrapamiento del nervio mediano en su mano izquierda.
Para esta cirugía, que se le realizó el 15 de marzo de 2007, no hay consentimiento informado ni consta programada, ni la paciente fue incluida en lista de espera alguna, según ha informado el defensor del paciente.
La mujer fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas más ya que el dolor no cedía y finalmente quedó incapacitada para su profesión habitual de mariscadora, según la sentencia, indica la citada asociación.
La afectación psicológica por todas las cirugías derivaron en una mano catastrófica, por lo que le fue concedida una incapacidad absoluta ya que la mano ha quedado "deforme y atrofiada".
La mujer presentó en 2010 una reclamación patrimonial contra el Sergas, que fue desestimada, por lo que presentó una demanda a través de la asociación Defensor del Paciente.
En la demanda, la asociación denunció la falta de consentimiento informado para practicar dicha cirugía, que fue fuera del circuito normal.
Además, denunció que la intervención era innecesaria ya que no se esperó lo suficiente para aplicar y agotar todas las posibilidades de un tratamiento conservador.
La sentencia da la razón a la paciente y señala que hubo una "sobreactuación al poner en marcha un medio agresivo (aquella primera intervención) sin recabar el consentimiento de la paciente y sin que existieran evidencias de su indicación, por lo que la Administración debe responder del daño desproporcionado".
En ese sentido, estima que la paciente debe ser indemnizada con 60.000 euros por el daño ocasionado por los médicos dependientes del Sergas.
Según Defensor del Paciente, la sentencia no es firme y la paciente está valorando recurrir la misma por entender que no se ha producido una reparación integral del daño.
