La Xunta de Galicia dará este jueves luz verde a un paquete inversor de 20 millones de euros que estará a disposición del tejido industrial, productivo e innovador de la comunidad autónoma para préstamos, financiación y avales con los que el Ejecutivo autonómico espera que se movilicen inversiones por importe superior a 100 millones de euros. Y para aquellos concellos de menor entidad donde el peso de la industria sea irrelevante, la reunión semanal del Consello da Xunta, dentro de este mismo apartado, también habilitará una partida de 7 millones de euros para contratación de personas, con la que espera generar unos 700 puestos de trabajo. En principio, esta línea de ayudas estará orientada a los municipios de menos de 10.000 habitantes.
Lo anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control en el Parlamento, tras hacer balance de su mandato, especialmente a nivel económico e industrial, ante las críticas del socialista José Luis Méndez Romeu. Y aunque no entró en más detalles, sí dejó entrever que se trata de una nueva partida del bautizado por el PPdeG como ‘superávit de responsabilidade’, los recursos adicionales con los que cuenta Galicia por el cumplimiento del déficit y cuyos dos paquetes anteriores –de 50 y 60 millones, respectivamente- se destinaron a natalidad y juventud, en el primer caso; y a sanidad, vivienda, servicios sociales y ocio, en la segunda.
Feijóo cree que esta nueva iniciativa que aprobará este jueves el Consello redondeará un mes de mayo histórico para la industria gallega tras garantizarse trabajo para Navantia en la ría de Ferrol durante los próximos años, apuntalar la planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo durante una década y hacerse realidad el polo aeronáutico de Rozas, entre otras iniciativas.
MÉNDEZ ROMEU. Enfrente, Méndez Romeu calificó los últimos anuncios inversores de la Xunta como "propaganda" y tildó de "esmola" este tipo de ayudas, después de que Feijóo recortase más de 1.000 millones en servicios sociales en siete años y ahora anuncie inversiones por poco más de 50. "¿Onde están os outros 950?", se preguntó el portavoz socialista, que echó en cara al PPdeG los recortes en sanidad, educación, servicios básicos o economía.
Sin embargo, lo más destacado del cara a cara entre el socialista coruñés y el presidente de la Xunta no estuvo en el debate económico o social sino en la deriva preelectoral en la que acabó derivando la sesión de control, especialmente desde que Méndez Romeu espetó: "Dentro de cinco meses eu estarei sentado na presidencia [de la Xunta]".
La frase, que causó un auténtico revuelo en el hemiciclo de O Hórreo, dio pie a comentarios de todo tipo y a un cruce de ataques irónicos entre Feijóo y Romeu sobre las autonómicas del otoño y las primarias en las que está inmerso en el PSdeG. De todas formas, más que una advertencia al presidente de la Xunta, el mensaje de Méndez Romeu parece que tenía un destinatario más claro, su contrincante en el proceso interno del socialismo gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga.
DEBATES SOBRE LA LOMCE Y EL SAHARA. En el debut de Ana Pontón como coportavoz del BNG para los cara a cara con Feijóo, la nacionalista exigió a la Xunta el fin de la Lomce tras el fracaso de las reválidas de primaria, al tiempo que afeó al PPdeG que prefiera "servir a Rajoy" que defender "un ensino público, galego e de calidade" en la comunidad. Enfrente, Feijóo criticó que una diputada "inste" a "non cumprir unha lei" como la Lomce. "Non conte comigo para chamar á insubmisión nin para ir contra as leis ou mentirlle ás familias galegas", apuntó el presidente, muy crítico con la a su juicio movilización de padres y politización e ideologización de las aulas que promueven los nacionalistas gallegos.
Y mucho más relajado fue el debate con Chelo Martínez, del grupo mixto, que exigió a la Xunta que "dea un paso máis" que la ayuda humanitaria y la cooperación para apoyar al pueblo saharaui, después de que la propia diputada y otro grupo de parlamentarios gallegos no pudiesen acceder al Sáhara Occidental por el veto del Gobierno marroquí. Feijóo recordó que se trata de un conflicto internacional cuya resolución no está en manos de la Xunta ni del Parlamento, pero matizó que se trata de una zona prioritaria en las políticas de ayuda internacional y cooperación de la Xunta, "do anterior Goberno e deste", y avanzó que dentro de esa apuesta la Xunta garantizará a todos sus empleados público que quieran hacer estancias en el Sáhara dentro de los programas de cooperación un "permiso retribuído".
