El fiscal pide ahora dejar en libertad a los titiriteros al no haber riesgo de fuga

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este miércoles la puesta en libertad de los dos titiriteros para los que el sábado pidió su ingreso en prisión por ensalzar a Eta y Al Qaeda en un espectáculo infantil programado por el Ayuntamiento de Madrid por Carnaval, al ver reducido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. En su informe al recurso que interpusieron ante el juez los dos titiriteros -Raúl García Pérez, de 34 años, y Alfonso Lázaro de la Torre, de 29-, el fiscal Pedro Rubira cree que ahora pueden quedar liberes por que en este momento "es difícil que se puedan repetir los hechos objeto de este procedimiento, por la razón de que han sido incautados judicialmente todo el material empleado" en el espectáculo, además de haberles sido rescindidas "sus actuaciones".

La Fiscalía, que no obstante pide al juez imponerles comparecencias diarias cuando queden en libertad, argumenta de este modo el cambio de criterio con respecto a los dos titiriteros al apreciar que se han rebajado "los motivos que se tuvieron en cuenta para acordar la prisión provisional", al haber disminuido desde el sábado "el peligro de fuga, así como el riesgo de reiteración delictiva". Respecto al riesgo de fuga, el fiscal entiende que se ha "conjurado" "con la aportación de documentación que acredita la existencia de un arraigo suficiente".

Una vez el juez ordene su salida de prisión, que podría acordarse hoy mismo, el fiscal Pedro Rubira pide que se les impongan como medidas cautelares comparecencias diarias ante el juzgado o comisaría más próxima a su domicilio para mantenerles sujetos a la causa. Y es que, pese a rebajar las medidas cautelares inicialmente solicitadas al juez, la Fiscalía "observa en el recurso presentado que la parte no discute los hechos recogidos en el auto impugnado, sino que fundamenta en su recurso que la actividad desarrollada" por los dos titiriteros es "atípica".

En su recurso de reforma, interpuesto ante el mismo juez que les encarceló, los dos titiriteros reclamaban su puesta en libertad negando haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo y haber incitado al odio "con sus muñecos de trapo". Los letrados que les representan alegaban que "no es la obra de ficción con mayor violencia que se ha producido en la historia del cine, teatro, televisión o literatura" y que en las otras "no se ha optado por imputar al creador".

Ponían como ejemplo de ello a la película Pesadilla en Elm Street 3 en la que se viola a una monja y añadían que "son múltiples las obras en las que de modo más menos explícito aparecen actos de violencia sexual". No obstante, precisaron que la obra de títeres objeto de análisis es una "sátira humorística representada con motivo de los Carnavales" y aclararon que la agresión sexual representada no era a una monja "como por error sostiene el auto" sino a una bruja.

El juez relataba en el auto de prisión que los arrestados, durante el desarrollo de la obra 'La bruja y don Cristóbal', escenificaron numerosas acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía, la violación de una monja y el apuñalamiento posterior con un crucifijo". Además exhibieron una pancarta con la leyenda 'Gora Alka-ETA', "habiendo tenido lugar esos hechos en un acto público, con numerosa concurrencia de personas y asistencia de un público infantil, a quien esencialmente estaba dirigida la representación de los títeres", destacaba la resolución.

Ese público infantil, acompañado mayoritariamente por sus padres, abandonó el lugar escandalizados por lo que estaban viendo y otros arremetieron contra los actores, paralizando la obra y llamando a los agentes de la autoridad, explicaba el juez. Por todo ello, y a instancias de la Fiscalía, les imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo, castigado con hasta 3 años de cárcel, y otro cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas, penado con hasta 4 años de prisión.