El primer ministro francés, Manuel Valls, presentó este miércoles la reforma constitucional prevista por el Ejecutivo, en la que finalmente se mantiene la retirada de la nacionalidad francesa a los franceses binacionales condenados por terrorismo.
La legislación actual contempla esa posibilidad solo para los extranjeros nacionalizados, pero ahora se busca ampliarla a todos los franceses, cuando la condena que reciban sea definitiva.
La ministra de Justicia, Christiane Taubira, había adelantado este martes que esa medida, pese a lo anunciado por el presidente, François Hollande, de que no se iba a incluir, pero finalmente sí forma parte del proyecto de ley constitucional que todavía debe ser adoptado por la Asamblea Nacional y el Senado.
El plan del Gobierno socialista busca reforzar la lucha contra el terrorismo y la base jurídica del estado de emergencia, vigente tras los atentados de mediados de noviembre en París y la periférica Saint Denis, en los que 130 personas fueron asesinadas, y hasta el 26 de febrero.
Las autoridades francesas quieren darle un fundamento más sólido a disposiciones contenidas hasta el momento en la ley ordinaria, que pueden ser contestadas con mayor facilidad.
"Es necesario darle una base constitucional a ese régimen civil", dijo Valls en conferencia de prensa, donde aseguró que no implica que el actual estado de emergencia vaya a ser permanente, porque terminará, tal y como está previsto, a finales de febrero.
El gobierno, que anunció que el debate en la Asamblea comenzará el próximo 3 de febrero, presentó este miércoles igualmente un proyecto de ley que refuerza la lucha contra el crimen organizado y su financiación, así como la eficacia de los procedimientos penales.
Valls aprovechó su intervención para detallar que ya se ha sobrepasado la cifra de 1.000 individuos que se han unido desde Francia a grupos yihadistas en Siria o en Irak, de los que unos 600 siguen allí, otros 148 habrían muerto y 250 han vuelto a territorio francés.
Francia inicia la reforma constitucional para retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo
El Gobierno galo pretende también incluir en el texto de la Carta Magna la figura del estado de excepción, hasta ahora regulada por una simple ley