Los propietarios de la finca de Lalín aseguran que el secuestrado permaneció allí por voluntad propia

Miguel Martínez y Esther Silva, el matrimonio dueño de la finca de Lalín donde presuntamente retuvieron a Abel Diéguez, el empresario maderero de Cambre secuestrado en Aranga entre el 18 y el 24 de enero de 2014, niegan cualquier relación con el supuesto delito.

Se califican a sí mismos como "víctimas" y defienden que Diéguez permaneció en su propiedad cuatro días por voluntad propia. "Nos sentimos víctimas, porque hemos pasado casi dos años en la cárcel sin derecho ninguno, sin comerlo ni beberlo", dijo Martínez en Espejo Público. Está acusado, al igual que su esposa, de un delito de cooperador necesario en el caso.

Según este hombre, ni él ni su mujer estaban al tanto del presunto crimen, en el que los seis sospechosos de secuestro, entre los que se halla Isabel, la hija de ambos, y su pareja, José Manuel Mejuto, habrían trasladado a Diéguez al confundirlo con su hermano, verdadero objetivo del plan, y después de someterlo a un primer día de cautiverio en Palas de Rei lo habrían llevado a su propiedad.

"¡Cuántos hay que están en la misma casa donde su mujer está durmiendo con otro y no se dan cuenta!", argumentó. Tras respaldar el testimonio de su marido, Silva agregó que el empresario "tenía muchos sitios por donde marcharse o por lo menos decírnoslo", puesto que además "allí no había nadie con él", aunque reconoció desconocer si sufría amenazas para evitar que escapara del cobertizo. 

En cualquier caso, calificó a Diéguez de "mentiroso" por decir que Martínez ejercía armado labores de vigilancia en el lugar. Incluso insinuó una posible connivencia entre víctima y captores, ya que estos "decían que tenía problemas con su mujer".

APLAZAMIENTO DEL JUICIO. Precisamente, Miguel Martínez fue el protagonista de la vista celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, debido a su ausencia por razones médicas, que motivó la suspensión de la primera sesión del juicio, que quedó aplazada para este martes. 

Sin embargo, para temor de José Ramón Sierra, el letrado que asume la acusación particular, el juicio podría incluso posponerse hasta febrero dado que el tribunal no conoce "de manera oficial el padecimiento" del imputado.

En previsión de un nuevo aplazamiento sí se celebró este lunes una breve sesión para debatir la prórroga de dos años de esta estancia preventiva en la cárcel, requerida por la Fiscalía y acusación por "riesgo de fuga". 

DIEZ AÑOS. Por su parte, cada uno de los investigados solicitó su libertad provisional bajo fianza. En total, el ministerio público pide, por un delito de secuestro, diez años de prisión para José Manuel Mejuto; Jesús Mejuto, José Miguel Mejuto, hijo del anterior, Ramón Mosquera, Jesús Manuel Miguélez e Isabel Martínez.  

Solicita idéntica pena para Martínez y Silva como cooperadores necesarios y añade otros tres años más para Mosquera por tenencia ilícita de armas. Aparte, reclama 75.000 euros de indemnización para Diéguez en concepto de reparación de daños físicos y morales.