La formación Marea de Vigo ha exigido este martes responsabilidades políticas inmediatas por la anulación, por parte del Tribunal Supremo, del plan de ordenación municipal de Vigo y explicaciones sobre cómo el Gobierno local pretende enmendar esta "chapuza orquestada" por el alcalde, Abel Caballero.
El portavoz de la Marea, Rubén Pérez, ha señalado que el requisito de declaración ambiental estratégica "se trampeó de manera deliberada y consciente" por una cuestión de "oportunismo político", ya que Caballero quería ser el alcalde bajo cuyo mandato se aprobara el plan de urbanismo, tras varios años de tramitación.
Ha rememorado que la Corporación local intentó "saltarse" este requisito desde 2006, al ser conscientes sus responsables de que el plan urbanístico no lo podía cumplir por prever una "edificabilidad brutal" y una previsión de crecimiento "irreal", redactado al calor de la "burbuja inmobiliaria".
Según Pérez, hasta 2007 hubo "cierta mesura y precaución" hasta que se dio "la alineación cósmica" de que PSOE y BNG gobernaron tanto en la Xunta como en el Ayuntamiento de Vigo.
Entonces, Caballero decidió que "por sus narices" aprobarlo "urgentemente", por "una cuestión de cesarismo, porque yo lo valgo", ha dicho Pérez, y ha añadido que la Xunta dio su visto bueno cuando ejercía de conselleira de Política Territorial María José Caride, actual concejala de Urbanismo.
Pérez ha reseñado que la anulación del plan urbanístico "tiene un coste y alguien deberá apandar con responsabilidades políticas", y ha opinado que se debe redactar uno nuevo o acometer una modificación sustancial.
Sobre los plazos, ha indicado que "dependerá de lo que se quiera hacer", ya que ha expresado sus dudas de que proyectos como "Porto Cabral" pasen el "filtro" de la declaración ambiental estratégica.
Por lo demás, ha evocado los ataques a la asociación Alternativa Veciñal de Vigo, de la que forma parte la Marea, cuando sus integrantes acudieron a Bruselas a denunciar el citado plan de urbanismo y fueron acusados de "enemigos" de la ciudad.
El Tribunal Supremo anuló el plan, en vigor desde 2008, al estimar un recurso presentado por la asociación Alternativa Veciñal por considerar que hubo incumplimientos por la Xunta en el trámite de evaluación ambiental.
El alto tribunal anula la orden de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte del 16 de mayo de 2008 por la que se aprueba definitiva y parcialmente el citado plan, y la del 13 de julio de 2009 sobre el cumplimiento de las cuestiones que en la anterior quedaron en suspenso.
Aduce que ni los intereses públicos vinculados a la aprobación de cualquier plan, ni el retraso que conlleva el procedimiento de evaluación ambiental ni el que se hayan respetado los principios de transparencia y participación pública son justificación para eludir el trámite de evaluación ambiental estratégica.
Recuerda la sentencia que la Administración ambiental competente dejó transcurrir casi dos años hasta declarar inviable el sometimiento del plan de Vigo a dicho trámite, entre otras razones porque se demoraría la ejecución de determinados proyectos e infraestructuras.
Si embargo, transcurrió casi un año hasta su aprobación definitiva, lo que, según el alto tribunal "demuestra que la pretextada premura no existía".
