El fiscal del juicio contra Ramiro Vázquez Roma y otros 19 imputados por tráfico de droga y blanqueo en 2007 ha confirmado este martes la posibilidad de acuerdo entre las partes.
"Ha habido conversaciones con los abogados a lo largo de los últimos meses acerca de la posibilidad de que reconocieran los hechos y eso tuviera un reflejo en las conclusiones definitivas de la fiscalía", ha indicado Luis Uriarte, fiscal antidroga de Pontevedra, que lleva el caso que se dirime en la Audiencia, después de terminar la segunda sesión del juicio contra Vázquez Roma y su clan.
Este juizo viene a partir de una operación de Vigilancia Aduanera que frustró una descarga de 4.000 kilos de cocaína en octubre de 2007. La operación fue posible gracias a pinchazos telefónicos que revelaron que la organización disponía de un astillero en Viana do Castelo (Portugal) donde se construyeron las planeadoras para el desembarco, finalmente frustrado.
En esta sesión han declarado los últimos acusados por blanqueo, que mayoritariamente han reconocido los hechos y la procedencia ilícita del dinero. Tan solo tres de los 20 acusados parecen a día de hoy completamente fuera del pacto, entre ellos el presunto lugarteniente de Vázquez Roma y el administrador del astillero. También ha declarado un agente de Vigilancia Aduanera que redactó un informe que defiende la falta de ingresos legales que justifiquen el poder económico de los procesados. La petición inicial de la Fiscalía era de 27 años para Vázquez Roma, así como una multa de 600 millones de euros.
OPERACIÓN PIRAÑA. El narcotraficante Ramiro Vázquez Roma había confesafo este lunes en la Audiencia de Pontevedra su implicación en la descarga frustrada de 4.000 kilos de cocaína en 2007, conocida como Operación Piraña. El cabecilla ha admitido punto por punto las tesis del fiscal, que le ha leído las transcripciones de diversas conversaciones telefónicas interceptadas en las que se relata cómo Ramiro Vázquez Roma iba llamando a sus colaboradores durante la noche de la operación dando la señal de "estampida". De los siete primeros declarantes, solo dos han negado su implicación, Juan Antonio Garre y Jorge Lorenzo Santiago.
El primero, presunto compinche principal, ha dicho que conocía a Vázquez Roma en su labor como intermediario para conseguir clientes para el astillero de Viana do Castelo -donde se construyeron las planeadoras específicamente concebidas para las descargas, según la instrucción-, y que no se reconocía en las pinchazos telefónicos.
El segundo, administrador de la sociedad Viana Pesca, ha asegurado que había levantado el astillero de la quiebra con sus propios medios y que no preguntaba a sus clientes por el fin al que destinaban las embarcaciones porque no eran "policías".
