Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones dedicadas a la explotación de clubes de alterne de toda España que habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones.
La operación se ha saldado con el registro de 14 clubes de alterne y 21 domicilios, la detención de 66 presuntos integrantes de las organizaciones desarticuladas, y la localización de 349 potenciales víctimas de explotación sexual.
En los registros se han intervenido 1,2 millones de euros en efectivo, obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición.
Las cinco organizaciones se dedicaban a blanquear los beneficios obtenidos en los clubes de alterne a través de un entramado societario y financiero que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana bajo investigación desde 2010.
Todo comenzó cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el País Vasco pusieron en su punto de mira a uno de los implicados en esta red al detectar signos externos de riqueza generados por el fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Así se descubrió la sociedad radicada en San Sebastián a la que se atribuye un papel clave en el entramado, ya que su objeto era poner a disposición de los clubes las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo.
Además, los investigadores observaron comentarios en foros de internet donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes señalaban sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito en estos establecimientos, llegando a citar el nombre de la sociedad "facilitadora" de los TPV.
Gracias al análisis de más de 750 cuentas bancarias, se comprobó que los clientes de los clubes investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos.
Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10 % que se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales.
La mayor parte del dinero que se ingresaba en esas cuentas era retirado por esos apoderados a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba el rastreo del origen del dinero.
Tanto la sociedad guipuzcoana como los clubes declaraban las operaciones supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos y en otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o no las declaraban.
Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros.
Con el tiempo, la operativa de las organizaciones fue evolucionado, llegando, en ocasiones, a sustituir el uso de TPV por dispensadores automáticos de dinero similares a los utilizados por las entidades bancarias, así como a dejar de valerse del grupo empresarial principal y empezar a operar de forma autónoma en alguna de sus operaciones.
En 2012, las investigaciones confluyen con las que paralelamente estaba ya desarrollando sobre la empresa guipuzcoana la UDEF de Policía Nacional y en 2013 se sumó a la investigación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos que, a su vez, había comenzado también meses atrás a investigar una de las organizaciones criminales implicadas.
Todas estas investigaciones preliminares llevaron a la judicialización de los hechos en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que ha procedido al bloqueo de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias en más de 30 entidades financieras.
En la operación han colaborado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante, Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra y delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia.
Desarticulada una red que blanqueó dinero a través de clubes de alterne
Habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones. En la operación han colaborado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de varias localidades españolas, entre ellas, Pontevedra
