Cuatro años han pasado ya desde que la Fiscalía Especial de Delitos Económicos de Pontevedra puso sus ojos en los extraños movimientos económicos llevados a cabo por los responsables de la Cámara de Comercio con sede en la capital provincial. A investigaciones ya conocidas por delitos tan variados como el de obstrucción a la Justicia, negociaciones prohibidas de los funcionarios, falsedad documental o usurpación de funciones públicas se han unido en las últimas semanas las más que probables imputaciones de los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad cameral durante el período objeto de análisis (entre 2009 y 2012) por presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones. El más reciente capítulo subyace de las pesquisas que dirige Jesús Calles, que acaba de solicitar nuevas diligencias tras conocer de primera mano los informes del Consello de Contas, que vienen a confirmar las sospechas que ya tenía acerca de la opacidad en el manejo de las cuentas en relación con los grandes eventos feriales que organizaba la Cámara hasta 2012.
El fiscal del caso explicó a este periódico que, a grandes rasgos, el modus operandi de la entidad cameral a la hora de presupuestar estas ferias consistía en engordar las cuentas previas de forma ficticia para presentárselas a su principal mecenas, el Concello de Pontevedra, cuya aportación era, según el convenio, el 50 por ciento del total de la organización del evento. A continuación, los promotores de la feria (se investigan las tres más relevantes y con un mayor movimiento económico de cuantas organizaba la Cámara, Ferpalia, Pomóvil y Pontus Veteris) llevaban adelante las actividades por menos dinero del que habían presupuestado. Por si esto fuese poco, Calles piensa que en no pocas ocasiones no se hacían constar las facturas debidamente, por lo que el Consistorio no estaba informado con detalle de lo que se hacía con su dinero. Todo ello lleva a la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos a pensar en una imputación por un delito de fraude de subvenciones.
Por otra parte, aunque íntimamente relacionado con lo anterior, Jesús Calles también maneja documentación que le lleva a pensar que la Cámara de Comercio (en concreto, las personas que conformaban el Comité Ejecutivo en el período investigado, cuya cabezas visibles fueron Francisco Moldes y Gómez Rivera) no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En otras palabras: el fiscal entiende que la Cámara concedía contratos a dedo a ciertas empresas para que llevasen a cabo los diferentes cometidos necesarios para el desarrollo de los mencionados eventos feriales. Por ello, Calles considera que sus responsables pueden ser autores de un supuesto delito de prevaricación.
Entrando en los detalles del informe que aportó el Consello de Contas a la abundante documentación de la que ya disponía Jesús Calles, destaca, por ejemplo, que la empresa Grupo Norte resultó adjudicataria de la organización de Ferpalia y Pomóvil en los años 2010 y 2011 de un modo irregular a todas luces. "Non se tramitou ningún procedemento para a adxudicación destas prestacións que se encargaron directamente á mesma empresa en virtude dos acordos do Comité Executivo do 24/05/2010 e do 14/09/2011", señala el informe, que añade que "atendendo ao importe das prestacións facturadas e de conformidade coas instrucións de contratación, a adxudicación requería a tramitación dun procedemento aberto no que se garantisen os principios de publicidade, concorrencia e igualdade". Los análisis de Consello aclaran, además, que "non se definiron de antemán cales foron as prestacións contratadas", y añade que pudo comprobar "a existencia de facturas rectificativas do gasto orixinalmente facturado, impide coñecer cales foron efectivamente os servizos prestados".
Otro contrato cuya tramitación sorprendió, por irregular, al Consello de Contas es el que se llevó a cabo con Contato em Comunicaçoes Empresariais Ltd., bien conocida por ser la representada por Juan Lago, exrepresentante de la Cámara en Brasil imputado por la Fiscalía y que, al menos hasta el momento, ha esquivado la acción de la Justicia. Contas explica que dicho contrato "foi adxudicado de forma directa, sen tramitar ningún procedemento de selección. Dada a condición de poder adxudicador da Cámara, trátase dun contrato do sector público cuxo valor estimado supera os 50.000 euros".
Por ello, dicho contrato infringió igualmente la Ley de Contratos del Sector Público, que debió haberse realizado a través de un procedimiento abierto y respetando los principios de transparencia, publicidad e igualdad, según sostienen los investigadores.
BRASIL. Otro de los frentes judiciales que mantiene abiertos la Cámara de Comercio de Pontevedra (además de los citados y de los enredos legales alrededor de los despidos de algunos de sus empleados) tiene que ver con la querella que presentó en su día el fiscal delegado para Asuntos Económicos, Augusto Santaló, contra la secretaria de la Cámara, Rosario Lorenzo, y en la que figuraba el mencionado Lago, que figuraba como becario de la entidad cameral en el país sudamericano.
El fiscal analizó los movimientos bancarios en una cuenta a la que ambos tenían acceso y mediante la que el exrepresentante en Brasil percibía sus retribuciones. Santaló tomó declaración a Lorenzo, que pese a estar siendo investigada desde hace algunos años continúa en su cargo. Trató de recabar, además, el testimonio de Juan Lago. Lo hizo por todos los medios, incluso a través de una comisión rogatoria remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a sus interlocutores brasileños. La primera respuesta que llegó desde el otro lado del Atlántico fue afirmativa, lo que obligó al fiscal a detener por un tiempo el proceso, que ya estaba encaminado hacia la apertura del juicio oral, a la espera de la declaración del antiguo becario de la entidad. Sin embargo, tras varios meses de espera, nada se sabe del paradero del investigado. Ello ha colmado la paciencia de Santaló, que ya ha informado a la jueza sobre su intención de formular acusación contra Rosario Lorenzo.
Sobre si la fusión de las tres cámaras provinciales servirá para que alguno de los investigados pueda quedar impune, la Fiscalía lo tiene claro: los investigados son personas físicas, no la entidad.
