Plazas vacantes que no se cubren, jubilaciones sin relevo, casetas de vigilancia cerradas hasta nuevo aviso, medios obsoletos... El Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais que atiende el área de Pontevedra no ha logrado escapar de los recortes que han arrasado otros departamentos públicos, ‘abrasados’ por la crisis y la contención del gasto de la Administración.
Así lo asegura el delegado del comité de seguridad y salud de los trabajadores de la Xunta que cada año combaten los incendios, el sindicalista de la CIG, Daniel Veiga Trabazo, quien no solo advierte sobre los recortes ejecutados en la plantilla, sino que acusa directamente al Ejecutivo gallego de querer desmantelar el servicio público: «Non están cubrindo as vacantes e están acabando coas brigadas, polo que cada vez parece máis claro que o que queren é cargarse o servizo».
El sindicato calcula que en los últimos años se han dejado sin cubrir 37 plazas de las brigadas fijas y de las plantillas fijas-discontinuas que trabajan en la provincia. De estas, un buen número estaban adscritas al distrito forestal número 19 de Caldas-O Salnés, el área que abarca Pontevedra y que reúne hasta 23 ayuntamientos distintos con zonas de alto riesgo de incendios (ver gráfico).
La CIG critica la determinación de la Administración autonómica de ir aminorando el peso de los funcionarios en favor de los agentes externos contratados a través de Seaga (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos), Tragsa (grupo integrante del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y los propios concellos.
La oposición a este tipo de contratación se debe a que una gran parte de los operarios carecen de la formación y los materiales adecuados para combatir el fuego, lo que pone en riesgo tanto la integridad de los montes como la vida de los propios empleados. «En Seaga, por exemplo, estaban abrindo a porta a universitarios para gañar un xornal, mentres que moitos traballadores das brigadas municipais son seleccionados a dedo, sen experiencia nin medios», denuncia Veiga.
La CIG asegura, además, que la intervención de Protección Civil es cada vez más frecuente, a pesar de que su capacitación y dispositivos distan de aproximarse a los necesarios para sofocar las llamas. Para encontrar un ejemplo no hay que remontarse muy lejos. Según denuncia el sindicato, el pasado mes de marzo varios miembros de Protección Civil intervinieron en un incendio en Cuntis sin los elementos de seguridad que exige la normativa.
Contratiempos
Junto a la intervención de militares «sen batelumes» y los problemas de coordinación que origina la interactuación de tantos agentes distintos, la CIG asegura que el sistema actual da lugar a más contratiempos que ventajas. Por un lado, porque atenta contra el mando único que presuntamente persigue la Xunta de Galicia para salvaguardar la foresta de las llamas y, por otro, porque dificulta la labor del propio servicio público contraintendios. «Moitas veces temos que regresar a unha queima que creíamos extinguida, porque a xente que contratan non ten experiencia e escápaselle o lume cun mínimo de vento. Regar un incendio non consisten en botar auga, senón en liquidar o lume. Para iso, tes que conseguir que a auga chegue ás raíces, e non limitarte a que o incendio non fumegue», subraya el delegado de la CIG.
A esto se suman «problemas de comunicación interna» y la presencia de medios obsoletos en la lucha contra el fuego. «Os capataces teñen que levar o seu móbil, mentres a brigada de Pontevedra opera con motobombas de dez anos, un tempo excesivo para este tipo de vehículos, que traballan no monte e soportan moita carga de traballo. Pola contra, as motobombas novas van todas para os concellos, onde só se utilizan nos meses fortes do verán», denuncia Veiga.
Centralización
Apoyado en esta batería de argumentos, el sindicato insta a la Xunta de Galicia a centralizar toda la contratación a través del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, la «única fórmula» que estiman viable para poder profesionalizar el servicio, conseguir «realmente» el mando único, optimizar los medios y, sobre todo, «lograr que a xente que vaia a apagar o lume traballe nas mellores condicións».
En consonancia con esta medida, la CIG aboga por suprimir las contrataciones que se canalizan a través de empresas y los municipios, que disponen de esta competencia desde el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) del año 2013. «É algo obvio. A ninguén se lle ocorre que os bombeiros poidan facer contratacións nunha época determinada dun persoal sen formar para metelos na extinción directa, e con isto sucede o mesmo», insiste Veiga.
Organigrama
A falta de conocer el futuro de las reclamaciones del servicio, el distrito 19 reúne a cuatro brigadas fijas adscritas a las áreas de O Morrazo, Vilagarcía, Cotobade y Moraña, y otras tres de empleados fijos discontinuos que operan durante nueve meses al año. A estos se añaden los refuerzos de verano, profesionales que son contratados durante un máximo de tres meses y que, según denuncian el sindicato, resultan insuficientes para garantizar una plena cobertura del distrito forestal. «Aprovaron oposicións, pero non os chaman. A única base que se reforza é a helitransportada do Campiño», afirma Veiga.
La lista continúa con las contrataciones de Seaga y Tragsa, las brigadas municipales, los voluntarios de Protección Civil, los parques de bomberos del distrito y los militares que vigilan el monte.
Tres de las seis casetas de vigilancia estarán cerradas
El distrito forestal 19, que abarca a Pontevedra y otros 22 ayuntamientos de la provincia, dispondrá este verano de la mitad de las casetas de vigilancia habilitadas por la Xunta de Galicia.
Así lo augura la CIG, cuyos responsables confían en que las torres que permanecerán cerradas serán las mismas que carecen de actividad desde hace más de un año: Castrove (Meis), Xesteira (Cuntis) y Castrelada (Ponte Caldelas).
Las casetas que salvan de la quema son las de O Morrazo (ubicada en Vilaboa), Coirego (Cotobade) y Xiabre (Caldas de Reis), donde los operarios hacen turnos con distinta frecuencia según la época del año. Por norma general, estas cuentan con un turno, que se amplia a dos con la entrada en funcionamiento de las brigadas fijas-discontinuas (durante un máximo de nueve meses al año). Únicamente en los tres meses de verano se cubren todos los turnos de trabajo durante las 24 horas, con motivo de la campaña estival contra incendios.
En opinión del delegado del comité de seguridad y salud del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, Daniel Veiga, el cierre de las casetas es intolerable y una muestra más de que la Xunta «quere acabar co servizo». «O peche obriga a mobilizar máis medios, porque as brigadas teñen que desprazarse para confirmar un lume que se podería obervar dende a torre. Ademais, aumenta o risco, porque resulta máis difícil que nos avisen cando saltan lumes no medio dun incendio», denuncia.
Por ello, la CIG reclama la cobertura de más turnos de trabajo y sobre todo que se reanude la actividad en todas las casetas, tanto las del distrito 19 como las de otras zonas de Galicia.
La Xunta asegura que desplegó a más de 5.700 agentes
Las fuentes consultadas de la Consellería do Medio Rural acerca de las críticas vertidas por la CIG se remitieron al Plan de Prevención e Defensa contra los Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2013. Según este, el operativo de 2013 reunió a 5.708 personas, 12 más que en 2012 pero 344 menos que en 2011. De estas, el 42,6% fueron empleados públicos (492 funcionarios, 877 laborales fijos, 626 fijos-discontinuos y 436 de refuerzo para el verano), mientras que el 46% de formaron parte de las brigadas municipales, los Grupos de Emergencia Supramunicipal (antiguos grumires) y los parques comarcales de bomberos. Por su parte, Seaga pasó de contratar 1.700 peones en 2012 a 500 personas, aunque las cifras oficiales tampoco están exentas de polémica. El comité de personal del Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios contabilizó cerca de 3.000 contrataciones.
