ACTUALMENTE, tanto laboralistas como agentes sociales tratan de dilucidar sobre el traslado de la buena evolución macroeconómica a los salarios. Todos coinciden en señalar la necesidad de promover subidas salariales y restituir el poder adquisitivo a la clase trabajadora, desde la Ministra de trabajo a los agentes sociales y los economistas no hay disensiones en ello; dónde se complica la cuestión es en la fórmula que se debe aplicar a esa subida.
Así se demostró en la Jornada organizada el pasado día 20 por el Consello Galego de Relacións Laborais y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra, que abordó el tema desde diferentes perspectivas, con importantes sugerencias desde los distintos ponentes y la nutrida concurrencia de laboralistas y agentes sociales.
La mano de obra pobre y barata, que lleva años perdiendo dinero y derechos, viéndose derivar hacia condiciones laborales del siglo XIX, puede hacer fracasar el pujante desarrollo económico de las empresas que no se avengan a acompasar sus beneficios con las mejoras en los salarios de sus trabajadores. Véase la situación de Ryanair, señalada como ejemplo en dicho contexto, cuyos pilotos se han ido en busca de mejor remuneración.
Estamos en un mundo que necesita una jurisdicción que garantice un salario justo y digno, señalaban en la Mesa sobre la función del salario en el siglo XXI. De dicha remuneración justa y suficiente y de su función, hablan los artículos 26 del Estatuto de los Trabajadores y el 35 de nuestra Constitución.
José M.ª Casas de Ron, Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, apuntó varios de los puntos débiles de la legislación actual en cuanto a las retribuciones e hizo hincapié entre el uso y abuso de las diferencias salariales entre países y los problemas que conlleva. (Ej.: las banderas de conveniencia en el transporte marítimo, que permiten eludir la legislación del país y aplicar la del correspondiente a la bandera utilizada).
También resaltó qué, además de los peligros expuestos por la Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con respecto a las empresas multiservicios y otras mencionadas, si la legislación no logra clarificar satisfactoriamente y con transparencia estas situaciones, podrían terminar resolviéndose en el derecho privado. Otro aspecto en el que hizo especial énfasis fue el tema de los falsos autónomos y las repercusiones que ésto conlleva. En este sentido, no es el único que lo cuestiona ya que, de seguir la tendencia, tendríamos un país dónde numerosos falsos autónomos estarían realizando el trabajo propio de trabajadores por cuenta ajena y ésto tiene repercusiones no solo en su salario, también en las cotizaciones y otros aspectos sociales.
El tema de la contratación y la pertinente remuneración en función de la empresa contratante, expuesto por la Magistrada Isabel Olmos Parés, versó sobre la disfunción que se puede presentar en relación con las empresas multiservicios y el tipo de convenio colectivo que resulte de aplicación en según qué situaciones, e hizo alusión a las situaciones en que, más que funcionar cómo empresa multiservicios, lo hace cómo una ETT, puesto que estando contratado el servicio como la primera, funciona cómo la segunda y es el empresario principal quién ejerce el control sobre la actividad. Quedó patente la dificultad de discernir entre una situación y otra cuando se trata de empresas multiservicios, contratación temporal y situaciones subcontratación y subrogación. Es decir, la legislación actual deja rendijas dónde la situación es poco clara y la retribución que procede aplicar, también. Sobre todo para el trabajador que difícilmente podrá discernir si su nómina es correcta, cuando sus servicios se realizan en lugares diferentes y con funciones distintas en un mismo periodo de liquidación, como suele ocurrir en ese tipo de empresas.
Los representantes de CCOO de Galicia, CIG, UGT-Galicia y CEG manifestaron la necesidad de acuerdos sociales y negociación colectiva y señalaron como error el hecho de que el Gobierno no hubiese tenido en cuenta el Pacto Social que habían firmado previo a la reforma laboral y que actualmente, siendo España, según datos macroeconómicos, el país en el que más ha crecido la economía y el PIB, es el que más reducción y pérdida de poder adquisitivo experimenta en sus salarios.
Entre las propuestas debatidas en torno a la subida salarial, (en función del IPC, del PIB, de la productividad), en busca de fórmulas que eviten en la medida de lo posible los descuelgues salariales posteriores, se apunta a una parte del salario con subida fija y otra en complementos sujetos a la evolución económica de la empresa; ésta última cuestión exigiría una transparencia económica por parte de la empresa que no siempre es de su agrado pero que sería justa y deseable.
El broche a la Jornada lo puso el conferenciante Adrián Todolí Signes, Doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con el tema La negociación salarial en el período de la post-crisis . Abordó el tema desde la primacía de la negociación individual frente a la negociación colectiva y expuso como el paso desde la ultractividad sine díe a la ultractividad de un año deja un vacío que ocuparía la negociación individual, cuestión que merma la capacidad del trabajador para defender sus derechos. Explicó que la reforma laboral ya no es el mejor modelo para continuar con él en la post-crisis y advirtió de cómo los salarios precarios pueden arruinar el crecimiento económico de una empresa cuando no evolucionan a la par que la economía.
Es evidente que las políticas de recortes en Europa no han dado los resultados apetecidos, cuando todavía hay 7.000.000 de puestos de trabajo menos que en 2008 y el repunte económico es paulatino y débil, pero será desastroso si se hacen oídos sordos a las necesidades de recuperar el poder adquisitivo en la post-crisis y no se escucha la necesidad de rectificación que resuena en Europa y también en nuestro país.
